Tras determinarse que el proyecto, que establecía que los directores podrían sancionar a alumnos con la expulsión en caso de actos de que dañen la integridad de sus miembros, el Premio Nacional en Educación Abraham Magendzo reflexiona sobre los principales reparos al cambio de la norma.

El otrora proyecto educativo del ejecutivo conocido como “Aula Segura” que fue completamente reemplazado por la oposición y rebautizado como “Convivencia Escolar”, presenta un nuevo enfoque y discusión que se zanjará en la Cámara de Diputados. Llega allí completamente distinta a la idea que ingresó el Gobierno en materias como las facilidades para expulsar estudiantes y la consideración hecha hasta acá del conjunto de normas existentes sobre la materia.

A la cabeza de un grupo de 36 expertos en violencia escolar y educación, el investigador y docente Abraham Magendzo, Premio Nacional en Ciencias de la Educación, 2017, manifestó desde un comienzo su rechazo al proyecto de “Aula Segura”. Junto al grupo de especialistas, llamaron (a través de cartas públicas y otras vocerías en medios) a debatir el tema de fondo.

Entre otras observaciones, recalcaron la necesidad de escoger medidas “que no potencien los espirales de violencia”, acentuando el hecho comprobado internacionalmente de que las medidas punitivas como la expulsión arbitraria, acrecientan la violencia. En términos de esa misma discusión, Magendzo reflexiona sobre en torno al polémico proyecto desde la invitación cursada por la Presidencia del Senado para participar en el Coloquio relacionado con “Aula Segura”.

“Desde ya quisiera hacer notar que en mi calidad de educador y en especial educador en derechos humanos no admito ni apruebo ninguna violencia y en particular la violencia escolar. Sin embargo, me parece importante que frente a ella seamos muy reflexivos”, plantea acerca de la urgencia que se la ha dado a una ley que regule en materia de avanzar en la cultura de la seguridad en la cultura escolar.

Cuestionamiento compartido con sus pares de esta comisión. “En la presentación que ella hiciera en la Comisión de Educación y Cultura mi colega Verónica López Leiva, reconocida especialista en el ámbito de la violencia escolar, fue explicita y clara en señalar que no es procedente, como lo hace el Proyecto de Ley que los directores “están atados de manos” y que la legislación actual no les permite actuar rápidamente. Concuerdo con ella que la legislación actual sí contempla los mecanismos para realizar esto”, reitera.

Dice sobre el DFL N° 2 (conocido como el DFL de Subvenciones) del año 1998 que contempla decretar la expulsión de alumnos por “conductas impropias reiteradas y permanente durante en el transcurso del año escolar”, señala el texto. Por otro lado, Magendzo recuerda que desde el año 2003, el Ministerio de Educación publicó la primera versión de su Política de Convivencia Escolar en un documento orientador que con el pasar de los años sea ido actualizando acorde a los tiempos.

Consultado ante la efectividad de un cuerpo de normas que pueda eliminar o mitigar los actos de violencia en las escuelas (en especial los actos de extrema violencia) el educador parte de la base de que, como investigador, le consta que no existe una relación estrecha entre leyes de tolerancia cero o de “Aula Segura” y la disminución o erradicación de la violencia escolar.

Expulsión, exilio o desahucio

“Pensar que una ley resuelve un problema complejo como es el de la violencia escolar es, por decir lo menos, “ingenuo” y “engañoso”. Ingenuo, porque si bien las leyes pretenden regular la convivencia social, es altamente sabido y comprobado que una ley no evita comportamientos sociales indebido e ilícitos. Piénsese, por ejemplo, en las leyes que pretenden eliminar la corrupción, discriminación e intolerancia, la delincuencia etc., que persisten en nuestra sociedad. Engañoso, debido a que la causa de la violencia escolar es multifactorial, es decir intervienen una serie de factores tanto internos como externos. No en vano se sostiene que la violencia escolar reproduce la violencia presente en nuestra sociedad; que las familias disfuncionales – que corresponden por lo general a familias vulnerables – son violentas y condicionan actos de violencia escolar etc”, explica poco después de que el Proyecto de Ley del ejecutivo fuese transformado totalmente en su forma y fondo.

Usted se ha referido a la ineficacia de las estrategias punitivas en lugar de privilegiar otras educativas para prevenir y atender la violencia en el ámbito escolar. ¿Qué nos dicen las políticas comparadas en ese sentido?

-Es importante hacer una distinción entre la delincuencia y violencia que tiene lugar en el espacio público-privado y la que se efectúa en el espacio escolar. Corresponde, sin duda que en el primero se recurra a lo que las normativas penales establecen. Pero transferir automática y mecánicamente prácticas punitivas al plano educativo significa desconocer el propósito que la educación juega en la formación ciudadana, en la transformación social y en el desarrollo integral de las personas.

Los programas de justicia restaurativa que se emplean en algunos países (Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Colombia, por ejemplo) promueven un cambio en la cultura sancionadora como vía de ordenación de la convivencia en las instituciones educacionales, impulsando la reparación y la asunción de responsabilidad, no solo en la relación con los hechos sino, muy especialmente con respecto a las soluciones. A mi parecer es antitético y antiético emplear una estrategia violenta como es la punitiva para atender la violencia escolar. Antitético, porque se está utilizando la violencia para combatir la violencia. Antiético, porque se entrega un mensaje carente de una base moral fundamental: el mal nunca se combate con otro mal sino con un bien. La educación en ocasión alguna puede abandonar su ethos ético. Si lo hace, pierde su sentido profundo: la formación de ciudadanos respetuosos del otro como legítimos otros, como iguales pero diversos.

Persiste la idea de que la expulsión inmediata, que propone este proyecto, es también una solución arcaica parecida a otras en que el despido, el exilio o el desahucio eran formas de mantener el orden…

-A mi parecer, no es exagerado y excesivo hacer un símil entre el exilio y la expulsión. De hecho, en el diccionario uno de los sinónimos de exiliar es expulsar. Ambos términos refieren a “echar o hacer que una persona abandone o salga de un lugar”. El exilio es un drama humano, un método abusivo y opresivo. Es una violación a los derechos fundamentales de la persona que pone en grave riesgo su integridad física y psicológica, es factor desintegrador de la familia y elemento de fractura de la unidad social de una nación. Por su parte, la expulsión escolar, de igual manera, tiene consecuencias no solo en el estudiante expulsado, sino que también en su familia, la relación con sus pares, la escuela que queda estigmatizada. Disminuye las posibilidades de éxito de una reinserción del estudiante expulsado, aumentando la posibilidad de una nueva expulsión, deserción, y con ello las posibilidades que intervenga en actos delictuales. El exilio y la expulsión se oponen claramente a la admisión, a la rehabilitación, la inclusión, la hospitalidad, la acogida, actitudes todas que definen a la sociedad democrática y el sentido profundo de la educación.

Es difícil equiparar esas prácticas de extrañamiento, si comparamos la situación dentro del colegio en la sociedad o dentro de una familia, por ejemplo. Es decir, ¿Una familia procedería a expulsar a un hijo que desarrolla actos violentos e incluso delictuales?

-Los niños y jóvenes se educan preferentemente en la casa y en la escuela. En la casa se aprenden hábitos y valores, a convivir familiarmente, a respetar a los integrantes de la familia, etc. En la escuela, es decir en la casa de estudio, se adquieren conocimientos cognitivos y emocionales, a convivir con otros iguales y diversos, a ser responsables con las tareas asignadas, etc. Tendría sentido que si un niño o joven que desarrolla en la casa o fuera de ésta conductas violentas y agresivas, intolerables e incluso ilegales, los padres lo expulsarían de la casa o más bien buscarían formas de rehabilitarlo. Por supuesto que una casa bien constituida evitaría la expulsión y buscaría forma de rehabilitarlo.