Rechazo generó en organizaciones medioambientales la postura tomada por la presidenta Michelle Bachelet, sobre la judicialización de proyectos mineros. La mandataria aseguró que se deben dejar atrás estos casos, ya que alargan excesivamente los tiempos de puesta en marcha de las iniciativas.
En su discurso ante la Cena Anual de la Minería esta semana, la presidenta señaló que la tramitación de recusos en tribunales “no solo alarga excesivamente los tiempos de puesta en marcha de los proyectos, sino que incide en mermar la relación de la actividad minera con la ciudadanía”.
La directora de la Fundación Terram, Flavia Liberona, institución que analiza proyectos mineros y su impacto ambiental, señaló que el Gobierno debe apoyar al más débil y jugar un rol frente a los grandes proyectos.
El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, afirmó que las declaraciones de Bachelet demuestran que se está abandonando el rol del Estado.
Desde la agrupación ecologista de Aconcagua, la cual trabaja con comunidades afectadas por el proyecto Andina 244, su presidenta, Silvia Chávez, indicó que debe ser el Gobierno el que garantice el derecho de las personas a desarrollarse en un ambiente sano y libre de contaminación.
Desde la Fundación Terram agregaron que el problema no es que la gente quiera judicializar los proyectos, sino que las cosas se están haciendo mal y que la ley es la que tiene falencias.