España y Brasil disputan este domingo en Río la final de la Copa Confederaciones en el legendario estadio Maracaná, en cuya cercanía se realizaban varias protestas hasta ahora pacíficas pero que muchos temen acaben en enfrentamientos con la policía.
Unos 5.000 manifestantes, según la policía, caminaron 1,5 km desde la plaza Saens Penha en dirección al estadio en una primera manifestación más temprano. La columna, que avanzó en ambiente festivo, consiguió acercarse a unos 100 metros del Maracaná, pero fue bloqueada por batallones policiales, constató una periodista de la AFP.
Más tarde, otros 3.000 manifestantes según la policía iniciaron el mismo recorrido en una segunda protesta a dos horas del juego, fijado para las 19H00 locales (22H00 GMT) en este estadio que ya comenzaba a recibir a los hinchas.
En su mayoría jóvenes avanzaban con el lema “¡No habrá final!”.En otras pancartas se leía “Paren el genocidio de indígenas” o incluso “Asilo político a Assange”.
Entre los manifestantes de la caminata también se encuentran varios indígenas expulsados de la ‘Aldea Maracaná’, que estaba instalada en el antiguo Museo del Indio en ruinas al lado del estadio, que fue reformado para los eventos deportivos.
“Estamos en contra de la privatización del estadio y de los desalojos forzados bajo el argumento del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos” de 2016 en Rio, dijo a la AFP Renato Cosentino, portavoz del Comité Popular de la Copa, uno de los principales movimientos que han convocado a las protestas.
Unos 11.000 policías -6.000 policías militares, más integrantes de la Fuerza Nacional, la policía federal y civil y la guardia municipal- mantenían un perímetro de seguridad en torno al Maracaná para garantizar el desarrollo del evento.
Desde temprano los manifestantes comenzaron a prepararse para esta jornada de movilizaciones, enmarcada en una ola de protestas que se inició hace más de dos semanas por mejoras sociales.
“Estoy aquí por patriotismo, por más educación, por salud y transporte, por menos fútbol”, sostuvo un manifestante, Nelson Couto, de 69 años, vestido de verde y amarillo, los colores de la bandera de Brasil, de pies a cabeza.
La policía invitó a jerarcas de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) y a la fiscalía federal y estatal a vigilar el esquema de seguridad.
La presidenta Dilma Rousseff, que fue abucheada en el juego de apertura de la Confederaciones el 15 de junio en Brasilia, junto al presidente de la FIFA Joseph Blatter, no tenía previsto asistir a la final, que será presenciada por unas 78.000 personas en el estadio.
En Salvador de Bahía (noreste), hubo una pequeña protesta frente al estadio donde Italia y Uruguay jugaron más temprano por el tercer puesto de la Confederaciones, que finalmente ganó Italia.
Más de un millón de brasileños se volcaron a las calles de todo el país el 20 de junio en las mayores manifestaciones en dos décadas, indignados por el alza del precio del transporte público, la corrupción de la clase política y los gastos millonarios en la Copa Confederaciones y el Mundial 2014, en vez de destinarlos a salud y educación.
La mayor protesta tuvo lugar en Rio, donde se congregaron pacíficamente unas 300.000 personas. Al final, como ha sucedido en varias movilizaciones, un pequeño grupo se enfrentó con la policía y protagonizó saqueos, destrozó mobiliario y edificios públicos, con un saldo de decenas de heridos.
Popularidad en baja
La popularidad del gobierno de Rousseff alcanzó un récord de 65% en marzo. En la primera semana de junio cayó a 57% y tras las protestas callejeras apoyadas por más de 80% de la población, se derrumbó a 30%, según un sondeo de Datafolha divulgado el sábado.
No obstante, la mandataria se mantiene favorita para las elecciones presidenciales de octubre de 2014, pero tendría que enfrentar un segundo turno.
La caída de 27 puntos es la mayor para un presidente en ejercicio desde 1990, cuando Fernando Collor de Mello ordenó una retención de los ahorros de los brasileños, señaló el diario Folha de Sao Paulo, que divulgó la encuesta.
“Esto debilita aun más a la presidenta, porque refuerza la presión de los aliados y también de la oposición, que aspirará a sacar provecho. Es el peor escenario posible (…) Dilma ya no es la presidenta fuerte de hace unos meses”, dijo a la AFP el analista político André César, de la consultora Prospectiva en Brasilia.
La presidenta reaccionó con “tranquilidad” y se propone trabajar más para responder a las demandas de las calles, afirmó el ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo.
Rousseff lanzó la semana pasada un plan para convocar a un plebiscito que lleve a una reforma política, presentada como un antídoto a las malas prácticas políticas y la corrupción, y que adoptaría nuevas reglas para la financiación de campañas electorales, y del sistema de votación.
Las centrales sindicales ya anunciaron una jornada de movilización para el 11 de julio.
