El presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros calificó como “una gran herramienta” para el servicio judicial la entrada en vigencia de la ley que flexibiliza la destinación de magistrados en todos los tribunales del país y que permitirá solucionar la sobrecarga de causas en distintas materias como juicios penales, civiles y de familia.

Después de casi cinco años de tramitación en el Congreso Nacional, este viernes se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 20.268, que permite flexibilizar la destinación de jueces de los tribunales del país por razones de carga laboral.

Además, calendariza la nominación de 131 magistrados de Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal en las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel.

El nuevo cuerpo legal inició su tramitación legislativa en junio de 2008 y permitirá la destinación transitoria de jueces con competencia penal; laboral; de cobranza laboral y previsional; de familia y de competencia común desde aquellos tribunales que tengan una menor carga de causas a los que tengan una mayor cantidad de procesos pendientes, lo que redundará en una mejor gestión de la labor jurisdiccional.

El Presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, valoró la promulgación de la norma: “Hay la mejor intención de la Corte Suprema de resolver los problemas de justicia, darles todas las facilidades a los jueces para trabajar de la mejor forma, porque el fin de todo esto es la gente que recurre al tribunal para requerir la solución de sus problemas. La ley es un logro muy importante, porque hasta ahora la sobrecarga de trabajo de nuestros tribunales ha llegado a un 44%, en poco tiempo vamos a llegar a un exceso de más de la mitad. De tal manera que bienvenida la ley” dijo el mandamás del Poder Judicial.

Durante el mandato del presidente Sebastián Piñera, y a partir de septiembre de 2011 el cuerpo legal recibió la calificación de suma urgencia en su tramitación legislativa, lo que permitió un importante impulso en una de los proyectos más anhelados del Poder Judicial, lo que fue agradecido por Rubén Ballesteros señalando que “agradecemos el interés del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, que fue uno de los funcionarios que trabajó más para impulsar esta ley en el Congreso; la Comisión Mixta del Congreso que trabajó en esto también y el anterior ministro de Justicia, Felipe Bulnes que también impulsó fuertemente esta ley” dijo Ballesteros.

En su parte fundamental el cuerpo legal modifica el artículo 101 del Código Orgánico de Tribunales y la Ley Nº 19.665 y por ella se faculta a la Corte Suprema, a solicitud de la Corte de Apelaciones respectiva y previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial destinar a uno o más jueces a desempeñar funciones en otros tribunales de la misma especialidad cuando existan desequilibrios entre las dotaciones de jueces y la carga de trabajo.

Nombramiento de 131 jueces

Un segundo aspecto de la normativa calendariza el plazo para el nombramiento de 131 cargos de jueces de tribunales de Juicio Oral en lo Penal y juzgados de Garantía en las jurisdicciones de Santiago y San Miguel , estableciendo así una agenda de destinaciones entre el 2012 y 2015.

La planificación establecida por la ley implica que -de los cargos pendientes- 24 serán nombrados el 2012; hasta 30 cargos entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2013; hasta 30 cargos entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2014 y los restantes entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2015.