Dos ingenieros de una filial de la minera canadiense South American Silver que permanecían como rehenes de un grupo de indígenas del sudoeste de Bolivia fueron liberados este domingo tras diez días de cautiverio y después de encarar un singular “juicio popular”.

“Los rehenes liberados fueron sometidos a juicio donde se les otorgó una sanción económica”, explicó a la AFP Félix González, principal autoridad política de Potosí, 551 al suroeste de La Paz, en cuya jurisdicción se encuentra la mina Malku Khota.

Los dos ingenieros fueron objeto de un singular “juicio popular” “por haber infringido las tradiciones y costumbres de los indígenas al utilizar una vestimenta que no les correspondía”, explicó el ministro del Trabajo, Daniel Santalla, a quien se encomendó buscar un acuerdo pacífico.

Los acusados se presentaron ante el tribunal de “justicia originaria” vistiendo las mismas chaquetas y gorros indígenas de vivos colores que portaban al momento de ser capturados y que son típicos de los indígenas del norte potosino.

Los indígenas quechuas de los Andes retuvieron a los ingenieros acusándolos de espionaje porque no vestían con su habitual ropa occidental.

La legislación boliviana vigente permite a los indígenas aplicar sus normas ancestrales y asignar alguna sanción que habitualmente supone un trabajo en beneficio de la comunidad.

González dijo que, en el caso de los ingenieros, la sanción fue económica, tal cual se había convenido previamente, aunque el gobernador no precisó el monto fijado.

Después de comparecer ante el tribunal indígena, los ingenieros fueron trasladados a la ciudad de Oruro (a 239 km de La Paz) para su atención médica.

Las autoridades estaban preocupadas por su salud y dijeron que uno de ellos “tenía una seria lesión en los brazos que requería cirugía” y el otro “serios problemas renales”.

Junto a los ingenieros también fue liberado el último rehén, un policía capturado por los comunarios el jueves pasado tras una incursión de las fuerzas del orden. Su entrega se produjo tras la firma de un acta con las autoridades policiales.

René Arroyo, representante del Defensor del Pueblo de Potosí, declaró a la red Erbol que los ingenieros presentaban buenas condiciones de salud, no así el policía, que “estaba más sentido y no podía caminar”, por lo que tuvo que ser ayudado para abordar el vehículo que lo trasladaría a un centro hospitalario.

El gobernador González explicó que el acuerdo definitivo con los indígenas, que exigen la salida de la empresa minera, se negociará los siguientes días en la ciudad de La Paz sobre la base del compromiso gubernamental de revertir la concesión de explotación.

La filial tiene desde 2007 la concesión de la mina, donde estima que existen entre 140 y 230 millones de onzas de plata y entre 935 y 1.480 toneladas de indio (semiconductor utilizado en pantallas de cristal líquido). La empresa tenía previsto invertir 50 millones de dólares hasta 2014 en la fase exploratoria.