El gobierno español anunció este miércoles que “adquirirá el control” de Bankia, el cuarto banco cotizado del país y el más expuesto a activos inmobiliarios tóxicos, mediante la conversión en capital de una antigua ayuda pública.

“Como resultado de esta conversión, el FROB (fondo público para la reestructuración del sistema bancario español) será titular indirecto de un 45% del capital de Bankia, es decir, adquirirá su control”, afirmó el Ministerio de Economía en un comunicado.

El FROB había concedido a BFA, matriz que tiene un 45% de Bankia, en diciembre de 2010 una ayuda de 4.465 millones de euros por medio de un préstamo a un interés del 7,75% a devolver en cinco años.

Este préstamo en forma de participaciones preferentes se convertirá ahora en acciones, con lo que el Estado tomará el control de ambas entidades por medio del FROB.

“Esta decisión llevará a la toma de control público y no supone la intervención de la entidad”, añadió el ministerio de Economía español, que insiste en que “la entrada en el capital se considera el primer paso necesario para garantizar la solvencia, la tranquilidad de los depositantes y disipar las dudas de los mercados sobre las necesidades de capital de la entidad”.

Bankia es, entre los grandes bancos españoles, el más expuesto al sector inmobiliario: 37.500 millones de euros a finales de 2011, de los que 31.800 son considerados como problemáticos, de valor incierto, como créditos que podrían no ser reembolsados o viviendas, edificios y terrenos confiscados y devaluados.

Ya el lunes, el ministerio de Economía había afirmado que se inyectarían fondos públicos en Bankia esta semana para sanearla de sus activos inmobiliarios problemáticos.

Un anunció que provocó horas más tarde la dimisión del presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ex ministro de Economía español y ex director gerente del FMI, que fue sustituido este miércoles por José Ignacio Goirigolzarri, ex consejero delegado del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), cuya primera decisión ha sido pedir la entrada del Estado en el capital de BFA y Bankia.

“Ningún acreedor de la entidad, incluidos los depositantes y titulares de participaciones preferentes, se verá perjudicado por esta decisión”, aseguró el ministerio, que insistió en que “el Gobierno aportará el capital que sea estrictamente necesario para realizar los saneamientos precisos”.

La operación todavía ha de ser autorizada por el Banco de España y las autoridades españolas y europeas competentes, según el banco central español.

A primera hora de la tarde, desde Oporto, donde asistió a una cumbre hispano-lusa, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que su ejecutivo “puede dar un mensaje de tranquilidad a los depositantes de Bankia y el Gobierno garantiza la estabilidad del sistema financiero en su conjunto”.

La inyección de capital mediante esa conversión de deuda en acciones ha convertido a Bankia en el octavo banco en ser intervenido en España desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, que fragilizó mucho el sector.

Antes que Bankia, habían sido nacionalizadas Caja Castilla-La Mancha en 2009; Cajasur en 2010; CAM, Unim, Banco de Valencia, CatalunyaCaixa y NovaCaixaGalicia en 2011.

Madrid, que ya ha prestado al sector más de 15.000 millones de euros, había rechazado hasta ahora volver a rascarse el bolsillo, pero las nuevas tensiones en los mercados la ha obligado.

“Los acontecimientos de las últimas semanas y la creciente incertidumbre sobre el futuro de la entidad ha hecho aconsejable ir más allá y plantear la aportación de recursos públicos para acelerar e incrementar el saneamiento”, afirmó el Banco de España este miércoles.

El nuevo equipo corporativo que encabeza Goirigolzarri deberá ahora presentar un plan de negocio.

La nacionalización parcial de Bankia tuvo lugar en otra jornada negra para la Bolsa de Madrid, que cayó un 2,77% a 6.812,7 puntos, su nivel más bajo desde 2003, lastrada principalmente por los valores bancarios.

Los mercados se han visto agitados de nuevo por las preocupaciones acerca del sector financiero español y para tranquilizarlos, el gobierno aprobará el viernes una nueva reforma con el fin de separar la parte inmobiliaria de los balances de los bancos, a los que impondrá nuevas provisiones.