El Consejo de Defensa del Estado aprobó la propuesta que realizó el síndico de quiebras a cargo de la Minera San Esteban, para pagar el costoso rescate de los 33 mineros que quedaron atrapados en la Mina San José en agosto de 2010.

El síndico ofreció al Estado el pago de 5 millones de dólares por el rescate, como una forma de cancelar todo lo que se gastó durante el operativo que permitió extraer con vida a los trabajadores desde más de 700 metros de profundidad.

La operación demandó un trabajo de más de dos meses, tiempo en el que cientos de personas ocuparon equipos especializados para realizar el exitoso rescate, que finalmente fue avaluado en más de 22 millones de dólares.