La Comisión Europea propuso este viernes enmarcar estrictamente el restablecimiento de controles en las fronteras del espacio Schengen, lo que desató ya la ira de Estados miembros de la UE, que desean mantener su poder de decisión al respecto.

Por un lado, el ejecutivo europeo tuvo que ceder a la presión de países como Francia que reclamaban que se ampliara el campo de motivos válidos para restablecer los controles en las fronteras nacionales.

Actualmente los países del espacio Schengen, vigente desde 1995, pueden restablecer los controles por su propia cuenta en el caso de amenazas terroristas o de grandes acontecimientos como una cumbre de jefe de estados o una competición deportiva.

En el futuro, también será posible en el caso de una “afluencia inesperada” e importante de migrantes o cuando se considera que un estado falla en la vigilancia de sus fronteras, según las propuestas de la Comisión, cuyo contenido trascendió hace dos semanas,

Ese mecanismo, que de hecho es una cláusula de exclusión temporaria, apunta sin nombrarlo a países como Grecia, cuya frontera de 150 km con Turquía se convirtió en el principal punto de entradas ilegales en la Unión Europea.

El debate fue alimentado también por la pulseada entre Italia y Francia a propósito de varios miles de migrantes tunecinos llegados a islas italianas que Roma dejó viajar hacia el territorio francés.

Pero por el otro, a cambio de la ampliación de los motivos, la Comisión Europea decidió “europeizar” las decisiones de restablecimiento de los controles.

Según el proyecto, los estados no podrán más actuar según su antojo y deberán pedir una autorización a la Comisión, que rechaza “iniciativas nacionales unilaterales”, y justificar detalladamente sus demandas.

En las “situaciones de urgencia” los gobiernos podrán seguir restableciendo los controles sin la autorización previa de Bruselas, pero sólo por un período de cinco días.

Francia, Alemania y España se pusieron a la cabeza de la protesta contra la propuesta de la Comisión, que tiene que recibir el aval de los países de la UE y del Parlamento Europeo, por lo cual se estima que al final el proyecto será enmendado.

“El respeto de la soberanía nacional es primordial para los estados miembros” de la UE, advirtieron los ministros del Interior de esos tres países, Claude Guéant, Hans-Peter Friedrich y Antonio Camacho.

“Corresponde a los estado mantener el orden público y garantizar la seguridad interior” y no a la Comisión Europea en Bruselas, declararon los tres ministros.