México seguirá haciendo todo lo necesario para impedir la ejecución, el 7 de julio, de un mexicano condenado en Estados Unidos por violación y homicidio, dijo este martes la secretaría de Relaciones Exteriores al reiterar que la sentencia viola el derecho internacional.

La ejecución de Humberto Leal, de 38 años, está prevista para este jueves en el estado de Texas, donde fue condenado por la violación y homicidio de una adolescente en 1994.

En un comunicado, la Cancillería mexicana recordó que Leal hace parte de una lista de 51 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos cuyos procesos violan la legislación internacional según un fallo emitido en 2004 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La controversia de fondo no es “sobre la pena de muerte, sino sobre el derecho que tiene toda persona con base a la Convención de Viena a contar con el apoyo de su Estado de origen cuando enfrenta un proceso penal en el extranjero”, subraya el comunicado de la cancillería.

“México continuará todas las gestiones a su alcance para que se dé cumplimiento a la sentencia del Caso Avena”, agrega el texto en referencia al fallo de la CIJ que exigió suspender las ejecuciones de estos 51 mexicanos, pues las autoridades estadounidenses no notificaron su detención a los respectivos consulados como estipula la Convención de Viena.

Pese a esta sentencia en agosto de 2008 uno de los 51 condenados, José Ernesto Medellín, fue ejecutado en Texas, lo que originó una nota de protesta de México a Estados Unidos.

Washington pidió el viernes a la Suprema Corte suspender la ejecución de Leal aduciendo que “pondría a Estados Unidos en violación irreparable de su obligación frente al derecho internacional”.

“El gobierno de México valora este nuevo intento de la administración (de Barack) Obama por aplicar la sentencia de la CIJ”, indicó en su comunicado la cancillería mexicana.

La suerte de Leal quedó en manos de Rick Perry, gobernador de Texas, a quien la defensa pidió suspender la ejecución y eventualmente solicitar una audiencia de clemencia de la junta de Indultos y Libertad Condicional del estado.

Los gobiernos de Brasil, Honduras, El Salvador y Suiza, así como la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversas organizaciones no gubernamentales su sumaron a los pedidos de detener la ejecución.

Leal fue sentenciado a pena de muerte tras ser encontrado culpable por unanimidad por un jurado de la violación y asesinato de una adolescente en 1994 en la ciudad estadounidense de San Antonio.

Por el contrario, la defensa alega que la joven de 16 años, que estaba bajo el efecto de alcohol y drogas, murió accidentalmente al caer sobre una roca cuando Leal trataba de brindarle ayuda tras ser violada en una fiesta.