Los últimos cables desclasificados por la organización WikiLeaks, revelan que durante la administración de Michelle Bachelet, el gobierno pidió ayuda al aparato de inteligencia estadounidense para hacer frente al conflicto mapuche.
La comunicación está fechada el 7 de febrero de 2008, cuando Edmundo Pérez Yoma acababa de asumir como ministro de Interior, en medio de graves incidentes entre comunidades indígenas, las policías y los propietarios de terrenos ocupados.
Según establece la información citada por el diario español El País, Pérez Yoma pidió “apoyo de inteligencia” para seguir de cerca la “posible radicalización” del conflicto, sus eventuales contactos con grupos terroristas extranjeros como las FARC o ETA, y para “seguir el dinero” que pudieran recibir las comunidades desde el exterior.
Ante esto, un cable de la Embajada de Estados Unidos afirma que “el FBI ya está coordinado con Carabineros para ayudarles a localizar la llegada de esos posibles contactos”.
Sin embargo, las informaciones también hacen una revisión crítica de la postura del Estado chileno, ya que los cables enviados entre 2008 y 2009 establecen que la comunidad indígena es abrumadoramente no violenta.
“El problema ha sido magnificado por los medios”, los que “no han proporcionado pruebas de ello (los lazos entre las comunidades mapuche y organizaciones terroristas extranjeras)” y que “los expertos del Gobierno califican esos contactos de mero ‘turismo de guerrilla”, dicen las informaciones.
Incluso, uno de los cables con fecha 23 de octubre de 2009, consigna el caso dado a conocer en exclusiva por Radio Bío-Bío en Los Ángeles, citada como “una radio local“, donde un menor de 17 años que había salido de caza, resultó herido tras coincidir con el lugar donde se llevó a cabo un atentado incendiario contra camiones y un intercambio de disparos con Carabineros.
Pese a todo, la política exterior estadounidense se mostró crítica con ambas partes en conflicto. Así, el embajador Paul Simons estableció que “Las comunidades mapuches están desorganizadas, son incoherentes y presentan demandas que van desde lo lógico a lo fantasioso”.
Sin embargo, Simons también afirmó que “Por el otro lado, los sucesivos Gobiernos de la Concertación han desarrollado una política indígena chapucera, a la que se concede poca importancia y que es incapaz de establecer y alcanzar objetivos realistas”.