La petición de una pena de 5 años y 1 día de presidio junto a la citación a declarar en calidad de testigos -entre otros- del vocero de la comunidad mapuche tradicional de Temucuicui, del defensor regional de La Araucanía y del ex-jefe de zona de Carabineros, se incluyen en la acusación que el Ministerio Público presentó por la detonación de una bomba de ruido en el edificio de la Defensoría Penal en Temuco.

El hecho investigado por el fiscal Sergio Moya bajo la ley antiterrorista, ocurrió en la madrugada del 11 de diciembre de 2008 cuando, según la acusación ingresada al Juzgado de Garantía, el único acusado por el hecho, Edgardo José Hernández Lucero se instaló en un cibercafé y distribuyó un comunicado de prensa adjudicando el atentado a la “Juventud Rebelde e Insurreccional Rodrigo Cisterna”.

Luego se trasladó a calle Portales 361 e instaló en el acceso al edificio de la Defensoría Penal Pública de La Araucanía, una bomba de ruido confeccionada en un extintor de incendio de 1 kilo, el cual fue rellenado a presión con pólvora negra y dotado de un sistema de activación eléctrica unido a un timer mecánico, activándose momentos después para lanzar múltiples esquirlas metálicas en diversas direcciones y a gran velocidad.

Como testigos serán citados, entre los 48 incluidos en la acusación, el general de Carabineros, Cristian Llévenes, quien a la fecha era prefecto en Cautín y posteriormente jefe de Zona La Araucanía; además de dirigentes del
comercio, de los agricultores y de los transportistas, junto a vecinos del sector donde se registró la detonación.

Además se incluye en calidad de testigo a Mijael Carbone Queipul, vocero de la comunidad mapuche tradicional de Temucuicui de Ercilla, quien declarará respecto del reconocimiento del acusado, de las actividades desarrolladas por éste en relación a lo hechos de la acusación y las vinculaciones con algunos integrantes de su comunidad.

Ahora el Juzgado de Garantía de Temuco deberá programar la audiencia de preparación del juicio oral por esta causa que, según el Ministerio Público, tendría relación con hechos similares registrados en la Región Metropolitana, uno de ellos con resultado de muerte.