Este lunes el Ministerio de Educación (Mineduc) ingresó un decreto a Contraloría para revocar al diácono Hugo Montes el Premio Nacional de Educación, debido a las denuncias en su contra por abusos sexuales de menores. La Contraloría tiene 15 días hábiles para la toma de razón.
Fue a principios de julio que exalumnos del Colegio San Esteban Diácono de Vitacura ingresaron una querella criminal por abuso sexual en contra del diácono y exrector del establecimiento, Hugo Montes, ganador del Premio Nacional de Ciencias de la Educación en 1995, a raíz de antecedentes encontrados tras un allanamiento en el Arzobispado de Santiago, impulsado por el fiscal Emiliano Arias.
A fines de ese mes, el Ministerio de Educación, en medio de la presión social que esto generó, inició las gestiones para revocarle el premio, que significa una pensión vitalicia.
En consecuencia, este lunes se concretó la entrega del decreto a la Contraloría General de la República. Según la ministra de Educación, Marcela Cubillos, esto se decidió por respeto y reconocimiento a las víctimas.
“Quedaba al menos en entredicho, dadas las denuncias públicas que existen y los procedimientos que existían en contra de don Hugo Montes. Hicimos uso de las atribuciones que el derecho administrativo nos otorga, porque nos parece que era también un acto de reconocimiento y de respeto a las víctimas”, aseveró Cubillos.
Clarissa Mingo, vocera de los denunciantes de Montes Brunet, valoró la medida y la catalogó como histórica. Además, subrayó que será un precedente para considerar más características al momento de otorgar un premio como este.
“Es un paso súper importante. No podemos tener referentes de este tipo, es histórico. Él va a ser reconocido como un abusador”, enfatizó.
El director ejecutivo de la Fundación Para la Confianza, José Andrés Murillo, también valoró la decisión, pero aseguró que ahora hay que ver quiénes se callaron respecto de estos abusos.
Murillo apuntó directamente al cardenal Ricardo Ezzati y Raúl Hasbún, que según los antecedentes que halló la Fiscalía, tenían conocimiento el 2010 sobre estas denuncias.
“Me parece que va en la línea correcta. No sólo basta con quitarle el premio al señor Hugo Montes, también hay que ver quiénes supieron esto, quiénes investigaron, quiénes ocultaron el contenido de los abusos. Aquí estamos hablando del señor Ezzati, estamos hablando del señor Hasbún, estamos hablando del Arzobispado de Santiago”, aseveró Murillo.
La Contraloría debe efectuar el control de legalidad de este decreto, es decir, si cumple o no con los términos legales, para hacer toma de razón en un plazo de 15 días hábiles, que pueden ser prorrogables.
