La Contraloría estableció que el Compin -al 14 de diciembre de 2018- mantenía 315 mil 637 licencias médicas pendientes de analizar en la Unidad de Subsidios de la Seremi de Salud Metropolitana. En tanto, otros 519 millones de pesos no han podido ser cancelados, porque las personas carecían de cuenta corriente para realizar los abonos.
La información consta en la auditoría Nº 1.040 que especifica que al 30 de junio de 2018 ya existían más de 270 mil sin tramitar, las que aumentaron a fines del mismo año en más de 70 mil. Algunas, señala el informe, “provienen desde 2007 (…) sin que la entidad haya arbitrado medidas tendientes a gestionarlas”.
Se suma a lo anterior, que el Compin no ha pagado los subsidios de incapacidad laboral, por cuanto existen “registros incorrectos por diversas causas”. Se trata de casos que fueron clasificados como “sin cuenta corriente donde efectuar los abonos”. Pues bien, al 30 de septiembre de 2018 las sumas impagas llegaban a más de 519 millones de pesos por la falta del instrumento financiero.
A raíz de estas anomalías, el organismo fiscalizador ordenó un sumario administrativo, toda vez que iniciará una “investigación especial” para acreditar con mayor profundidad los hechos en la entidad dependiente del Ministerio de Salud.
La cantidad de reembolsos acumulados que da cuenta el informe, choca con la versión entregada por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien hace algunas semanas señaló que existían 27 mil “atrasadas en más de 60 días”. E indicó que “la mayoría de ellas están atrasadas por banalidades”.
Según el documento que publica Radio Bío Bío, empleados de las Cajas de Compensación (CCAF) trabajan en las dependencias de Compin, lo que se aparta de la legislación de la administración del Estado. Además, en variadas ocasiones los datos sensibles de los pacientes quedan al arbitrio de estas últimas empresas, sin que el hecho haya sido autorizado por ley.
El informe menciona a Los Héroes, 18 de Septiembre y La Araucana, a raíz de un convenio de colaboración entre estas últimas y el ministerio del ramo.
Debido a esta situación objetada por la Contraloría, la autoridad sanitaria remitió un oficio a la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO), para que el organismo se pronuncie si estas compañías de pensiones pueden acceder “a los datos sensibles contenidos en la licencia médica”.
Todo viejo
La entidad revisora detectó que el programa para ingresar a la base de datos, donde se encuentran los documentos anteriores a 2015, fue creado en 1998, permitiendo “solo un acceso restringido para extraer la información”. Eso sin contar que no se pueden hacer cruces de datos, ni trazabilidad a las licencias o medir tiempos de tramitación.
De hecho, se verificó que los dependientes usan sus contraseñas para entrar al sistema informático interno sin ningún tipo de control. Tanto es así que algunos usan el password de un compañero. Destaca el caso de un funcionario que no accedía con su clave desde noviembre de 2017 y siempre utilizaba otra.
La Contraloría evidenció que entre 2017 y 2018, la institución informó que se presentaron tres denuncias por la emisión de licencias falsas al Ministerio Público. Sin embargo, una de ellas no pudo ser acreditada, ya que el documento presentado por la autoridad de Salud carecía de timbre de recepción por parte del organismo perseguidor.
Lucas en pena
Cuando los funcionarios del Estado toman licencia, reciben el sueldo de manera íntegra a fin de mes. Es la institución a la que pertenecen la encargada de recuperar el dinero en el Compin, que recibió desde la Isapre o la Caja de Compensación.
En reiteradas oportunidades y a través de decenas de informes, la Contraloría ordena a las instituciones recuperar esa plata. Estas últimas siempre culpan al organismo encargado de resolver los pagos.
Pues bien, el Compin respondió que carecen de personal suficiente para reembolsar esos recursos. De hacerlo -indicaron-, dejarían de cumplir otras actividades. El monto adeudado a las entidades del Estado, actualmente, supera los 16 mil millones de pesos.
La situación se agrava. La entidad de control solicitó a los hospitales San José, Félix Bulnes, al de Urgencia y Asistencia y al Cenabast, si el Compin le ha devuelto los subsidios de incapacidad laboral. El monto acreditado en el informe como deuda es decidor: más de 3.100 millones de pesos.
