El ingeniero colombiano Andrés Sepúlveda, capturado por supuestamente haber interceptado correos electrónicos del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC para perjudicar el proceso de paz, recibió este miércoles una orden de detención preventiva, informó su abogado Luis Alzate.

“Se le ha impuesto detención preventiva y no se aceptaron cargos por parte de él”, dijo Alzate a la prensa al salir de la audiencia de presentación de Sepúlveda.

“No se aceptan cargos porque queremos conocer los elementos con los que cuenta la Fiscalía para establecer posteriormente su responsabilidad”, explicó.

El martes, las autoridades allanaron en Bogotá una oficina de espionaje ilegal desde donde presuntamente se interceptaban correos de Santos y las FARC para perjudicar el proceso de paz que adelantan gobierno y guerrilla en La Habana desde noviembre de 2012, según informó el fiscal general, Eduardo Montealegre.

Sepúlveda, único detenido por el caso, trabajaba desde esa oficina -y junto a varios familiares- en la campaña del candidato presidencial derechista Óscar Iván Zuluaga, quien aceptó la vinculación con el ingeniero pero reprobó “cualquier actividad ilegal” que haya podido desarrollar.

Zuluaga es miembro del partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), un férreo opositor a los diálogos de paz con las FARC.

Este miércoles Montealegre reiteró sin embargo a la radio RCN que su despacho no maneja la hipótesis de que quien “estaba haciendo las interceptaciones ilegales lo estuviera haciendo para el candidato” Zuluaga.

Montealegre, que puntualizó que durante el allanamiento se incautaron nueve computadores y cinco discos duros, también informó que según información preliminar Sepúlveda habría cobrado hasta unos 52.000 dólares por el material interceptado.

El fiscal ya había asegurado el martes que Sepúlveda tendría motivaciones económicas e “ideológicas” para adelantar las interceptaciones.

En febrero también fue desmantelado en Bogotá un centro de escuchas supuestamente ilegales de inteligencia militar, desde donde se espió a delegados de paz del gobierno en Cuba y periodistas que cubren las negociaciones con las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas).

El caso precipitó la salida de dos altos rangos de inteligencia del Ejército y sigue en investigación.

Las FARC dijeron a raíz de ese primer caso sentir “gran desconfianza” y acusaron a la inteligencia militar de pretender afectar las conversaciones de paz, aunque decidieron seguir negociando para buscar un acuerdo que ponga fin al conflicto armado de medio siglo.

Este último escándalo se da a pocos días de las presidenciales del 25 de mayo, en las que Santos busca la reelección, con Zuluaga y el centrista Enrique Peñalosa como sus más fuertes competidores.