Una férrea defensa de los pagos a las asesorías de profesionales e instituciones realizaron varios de los parlamentarios, luego que una investigación de Ciper Chile revelara que en dos años aumentó en 6 mil millones de pesos el gasto del Congreso por este concepto.

Los datos entregados por el reportaje evidenciaron una escasa fiscalización a estos egresos, pues sólo bastaría un correo electrónico para que un congresista rinda cuenta del pago a un asesor. La principal defensa de los legisladores apunta a que el Comité de Asignaciones Parlamentarias no ha objetado los gastos hasta hoy, y por ello no ven ninguna situación de carácter irregular.

Uno de los asesores que aparece en el listado de los que más reciben dinero por este concepto, es Roberto Aguin, quien recibió 50 millones de pesos en un año, al ser contratado por el diputado socialista Manuel Monsalve. El congresista aseguró que estos dineros son parte de lo que establece el Comité de Asignaciones Parlamentarias, descartando alguna situación irregular y explicando que paga a su asesor un monto acorde al mercado.

Por su parte, el diputado Joaquín Godoy, que fue vicepresidente de la Cámara Baja el año pasado, cuando se emitieron estos gastos, defendió la figura de Juan Diego Santa Cruz, quien es parte del comité de asesores del movimiento Amplitud. Afirmó que ha sido tan efectiva la labor de este asesor, que llevó a Pedro Brown a ganar por segunda vez su diputación, lo que viene a ratificar los cuestionamientos al gasto de dineros públicos en campañas electorales.

La Fundación Jaime Guzmán lidera el ránking de instituciones que se llevan los mayores montos por asesorías, con un monto de 451 millones de pesos en un año. El coordinador de Políticas Públicas de este organismo, Guillermo Ramírez, señaló que están instalados hace 20 años en el Congreso y que toda su labor se realiza con personal dedicado íntegramente al trabajo parlamentario.

El presidente de la Cámara Baja, Aldo Cornejo (DC), rehusó por ahora referirse a esta polémica. De hecho, ingresó por una puerta lateral de la sala legislativa, evadiendo a los medios de comunicación.

Todas las instituciones y personas naturales que concentran los montos más abultados tienen cercanía con los partidos políticos y sus líderes, poniendo en duda el adecuado uso de los dineros del Congreso Nacional.