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Relación entre SQM y el PPD

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Carolina Tohá y Samuel Donoso a partir del advenimiento de la democracia han sido miembros destacados del “instrumental” Partido por la Democracia (PPD) y en una reciente época, con el empresario Luis Matte, los 3 formaban parte de la directiva de ese partido político que, con la intermediación de un grupo ambientalista, le pedía ayuda económica a la exitosa SQM controlada por el otrora y conocido yerno de Pinochet.

Lo anterior, según declaraciones del militante Sergio Ortega, quien llevaba al dedillo la contabilidad del PPD. Es más, esta persona que ya declaró como imputado en la causa que lleva la Fiscalía del Ministerio Público señaló sin ambages que la alcaldesa de Santiago conocía los aportes financieros a su partido político, puntualizando que ella “estaba en conocimiento de la fórmula de financiamiento del partido en esos años”.

Patricio Herman
Patricio Herman

La prensa ha informado que Carolina Tohá, antes que fuera elegida para el importante cargo de alcaldesa, viajó con Matte, tesorero del PPD, a las oficinas de esa dadivosa empresa porque ambos políticos estaban muy interesados en tener mayores antecedentes técnicos sobre la explotación del litio (sic) y que, por ello, la reunión necesariamente tenía que ser con Patricio Contesse, ex mandamás de SQM. Por la retahíla de facturas y boletas falsas recibidas por SQM de parte de un montón de políticos pedigüeños, Contesse es defendido judicialmente por el abogado Samuel Donoso y en su extenso período de gloria empresarial Contesse era el hombre de confianza de Ponce Lerou, empresario top quien en la actualidad se dedica con mayor interés a los caballos en Europa.

Contesse en la actualidad paga las culpas de su jefe directo -Ponce Lerou- del cual, digámoslo con claridad, hoy es un simple testaferro aunque bien pertrecho con la subida indemnización recibida de la empresa a la cual sirvió por tantos años. No podemos perder de vista que las autorizaciones de los numerosos flujos de dinero a todos aquellos que le pedían “ayuda” era Ponce Lerou, quien tenía el mando absoluto de SQM. El leal Contesse actuaba por delegación verbal de Ponce Lerou, individuo éste que perfectamente podría repetir la manida expresión de que él no sabía nada de nada respecto de las platas entregadas a la casta política para así tenerla a su entera disposición. El daba dinero a quienes están ejerciendo posiciones de poder político y la “contraprestación“ era dejarlo actuar como él quisiera, es decir, se llegó tácitamente a un equilibrado negocio con beneficios para las 2 partes.

Pues bien, se afirma que Tohá con Matte fueron a pedirle financiamiento político a Contesse y que, para ese propósito, ambos dirigentes viajaron a bordo de un avión privado de SQM, es decir, se trasladaron gratis a María Elena, lugar en donde aprovecharon de actualizar sus precarios conocimientos del salitre, yodo y litio. Los dos políticos viajeros del PPD han desmentido con variados argumentos que ellos fueron al norte a pedir plata por la sencilla razón de que ellos son políticos honestos que, bajo ninguna circunstancia, van a ensuciar sus trayectorias públicas recibiendo fondos privados entregados al margen de la ley.

En nuestra opinión sostenemos que tanto Tohá, Donoso y Matte, presidenta, secretario general y tesorero, respectivamente, del PPD en el período de las transacciones monetarias, estaban al tanto de las mismas por razones bastante obvias y de sentido común pues ellos, como miembros de la directiva de ese partido político, eran quienes tomaban todas las decisiones. Sabemos que Donoso recientemente renunció al PPD y que tanto Tohá como Matte explican en los medios que desconocían los ingresos de dineros a través de la organización ambientalista.

Quien escribe estas líneas tiene la obligación de creerles porque la Justicia todavía no emite un fallo, pero sí esta ocasión es propicia para recordar un episodio tramposo en el cual, directa o indirectamente, intervinieron Tohá y Donoso para burlar, con sumo ingenio leguleyo, un categórico dictamen de la Contraloría General de la República referido a normas patrimoniales contenidas en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago.

En efecto, la Inmobiliaria Monjitas S.A. había solicitado a la Dirección de Obras de la Municipalidad (DOM) de Santiago un permiso de edificación para construir una torre de oficinas de 13 pisos en un predio de 2.034 m2 que enfrenta las calles Monjitas y Miraflores, manzana en donde se localizada, por la calle Miraflores, el Monumentos Nacional Colegio de Enfermeras de Chile y el 31 de enero de 2013 el titular de esa DOM le formula diversas objeciones a dicha solicitud.

La más importante de las observaciones al proyecto dice relación con la vigencia del artículo 27º del Plan Regulador Comunal (PRC) que limita la altura de los nuevos edificios a construirse en esa manzana a los escasos 3 pisos que tiene el mencionado Monumento Nacional y por ello la DOM le dio a conocer a esa inmobiliaria el dictamen Nº 63.433 del 13/11/09 emitido por la Contraloría General de la República (CGR) en el cual, contestando una consulta de la Cámara Chilena de la Construcción, dejó establecido que tiene plena validez la restricción de altura antes aludida.

Pero por estas cosas curiosas que existen en Chile en este ámbito de materias, la misma DOM, con fecha 05/06/13, aprueba a esa inmobiliaria el permiso Nº 15.346, “olvidándose” (sic) de la prohibición contemplada en el PRC.

Se inició la edificación y ante la petición de vecinos, la Fundación Defendamos la Ciudad preparó la denuncia que 2 particulares firmaron dirigida a la CGR denunciando la vulneración del artículo 27º del PRC Santiago en ese permiso. El 24/06/14 el órgano fiscalizador emitió su dictamen Nº 46139 dirigido a Carolina Tohá, informándole que acogió la reclamación y que, debido a la ilegalidad en comento, remitió los antecedentes a la Unidad de Sumarios del ente contralor, para que, mediante la instrucción de un procedimiento disciplinario, se establecieran las responsabilidades administrativas de los funcionarios que han intervenido en la tramitación del permiso.

Enseguida, la Directora Jurídica de la municipalidad presentó en la Contraloría una solicitud de reconsideración al dictamen, haciendo valer sin razón una disposición de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), la misma que ya había sido desechada en el mencionado dictamen de la Contraloría, la que, después de un tiempo, nuevamente le dijo no a dicha municipalidad.

En el ínterin, sin conocerse el resultado de la reconsideración elevada por la municipalidad a la Contraloría, dado que se habían paralizado las faenas para justificar una próxima acción judicial, la inmobiliaria casualmente contrató al abogado PPD, Samuel Donoso, quien interpuso un recurso de protección (rol 45.153-2014) en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Directora de Obras subrogante, ya que ella con su decisión la estaba perjudicando. En la tramitación del juicio la Municipalidad de Santiago, ¡era qué no!, siempre estuvo de acuerdo con los planteamientos de la inmobiliaria y ante tal fantasmagórico escenario, la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el 15/09/14 acogió favorablemente el recurso del demandante, quien en breve plazo reinició las obras truchas.

Como se comprenderá la municipal no apeló y esa Corte no le consultó su parecer a la Contraloría, con lo cual el categórico dictamen de la anterior quedó en nada. Se deduce entonces que la municipalidad de Santiago y la avispada inmobiliaria, hicieron un montaje para que no tuviera imperio el dictamen de la Contraloría, con lo cual se violó el propio PRC de Santiago favoreciéndose económicamente el interés de un privado que se sabe relacionar con la Administración para sacer ventajas en el mercado. Con esta fórmula Tohá y Donoso obtuvieron lo que querían ya que en la actualidad la torre de 13 pisos de altura está insolentemente erguida.

Por último, en una reunión que sostuvimos con Ramiro Mendoza, contralor general en aquella época, le comentamos el ardid utilizado por esa municipalidad. El en su condición de conocedor de estas situaciones y en razón de la existencia de un fallo judicial, solo sonrió socarronamente y por ello sostenemos que las pillerías continuarán campantes, pues la férrea relación público-privada es muy efectiva, tal como se ha demostrado con esta narración.

Por Patricio Herman

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