La Tercera Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por Cencosud contra una resolución de la Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, quienes habían caducado un permiso de construcción con el que el holding de Horst Paulmann pretendía levantar un nuevo mall frente al Alto Las Condes.
Según consignó La Segunda en su versión impresa, al recuperarse esta autorización, la empresa está facultada para edificar dicho centro comercial destinado a tiendas de lujo, torres de oficina, incluido un rascacielos de 55 pisos al frente del emblemático Alto Las Condes.
La inversión de este proyecto considera US$500 millones.
Tras la resolución de la Corte Suprema, se recuperaron las “condiciones de constructividad” iniciales cuando fue adquirido el terreno en 2010, las que fueron cuestionadas por el municipio de Vitacura, la Contraloría y la Seremi de Vivienda.
El conflicto con la comuna del sector oriente de la capital comenzó cuando el municipio determinó que el permiso para edificar el centro comercial había vencido a raíz de que no se habían realizado las obras durante el periodo que establecía la normativa.
El matutino precisó que la autorización a Cencosud se redujo de forma significativa al permitir una construcción de siete pisos. No obstante, el proyecto en su permiso original contemplaba cuatro edificios de 2 pisos, 19 plantas, al igual que otras dos edificaciones de 25 y 55 niveles, proyectándose 271.599 metros cuadrados.
El abogado Arturo Fermandois, representante de Cencosud, señaló al medio de comunicación que “este fallo es trascendental para la certeza jurídica de los permisos de construcción”, precisó.
Y agregó que “tenemos la mejor opinión del Ministerio de Vivienda y este fallo contribuye a aclarar y restablecer los procedimientos legales aplicables a los permisos de construcción, protegiendo los derechos”, sostuvo.
Finalmente, el profesional manifestó que la lección de esta sentencia es que nada justifica que se omitan los procedimientos legales y plazos sobre procedimientos administrativos, ni siquiera un dictamen de Contraloría puede ser pretexto para ello”, dijo.
El periódico arguyó que trataron de comunicarse con la Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana quienes al cierre de esta edición no se refirieron al dictamen.
