Carabineros del OS7 incautaron dos plantas de cannabis sativa desde el domicilio de una madre que asegura las utilizaba como base para la medicina para su hijo con autismo en Chillán.

“Efectivamente tenía dos plantas de cannabis que fueron sacadas de mi casa y destruidas. Mi hijo tiene tratamiento hace un año con cannabis medicinal por su autismo, incluso tengo los papeles médicos, tiene un 70% de discapacidad. Desde que comenzó su tratamiento ha mejorado demasiado, incluso está hablando y ahora me dejaron sin su medicina“, dijo Cecilia Sandoval, madre del menor, a Espectador Digital.

Sandoval comentó que durante el procedimiento Carabineros la increpó “diciendo que sabían que yo tenía dos plantas”. La mujer indica que al ser consultada sobre si podían entrar, les respondió que debían tener una orden para ello. Ante ello los efectivos -siempre según su versión- le dijeron que tenían a la fiscal al teléfono.

“Mi hijo me vio llorando, mi marido se asustó porque me podían llevar detenida, así que finalmente los dejamos pasar”, sostuvo. La madre señaló que las dos plantas de cannabis estaban rotuladas con los antecedentes del menor y la fecha en que fueron plantadas.

El procedimiento fue avalado por la fiscal Patricia Suazo, quien aseguró que la mujer autorizó el ingreso y registro de forma voluntaria, agregando que el autocultivo no está autorizado, ya que ella no contaba con permisos del SAG, por lo que se procedió conforme a la ley, quedando apercibida para comparecer ante la justicia.

Ante la situación, desde la Fundación Daya Chillán comentan que el caso ya los tiene en acción. “Nuestros abogados de la fundación y las directoras ejecutivas tomaron contacto con el fiscal nacional por el mal proceder que se hizo en el hogar de Cecilia”, relató José Burdiles, presidente de la organización al medio.

Expresaron que presentarán un recurso de amparo en Chillán y se harán presente en este caso. “El fiscal nacional está alineado con las posturas de la fundación, él sabe que todo es medicinal. Es lamentable que haya funcionarios que todavía no estén en conocimiento de cómo estamos trabajando con las policías, las fiscalías y los jueces”, sentenció Burdiles.

Después de publicada esta información, desde el Ministerio Público aseguraron que el procedimiento se ajustó a derecho y que, pese a las críticas surgidas en redes sociales, ninguna organización se ha comunicado con el fiscal nacional para tratar el asunto.