La abogada Carla Fernández, quien representa a condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en Punta Peuco y Colina I, aseguró que colaboró en la redacción del polémico proyecto impulsado por el senador de RN Francisco Chahuán, que propone permitir el cumplimiento alternativo de penas para reos geriátricos.
En conversación con BioBioChile, la jurista afirmó que la iniciativa surgió tras ser contactada por asesores del parlamentario, quienes le pidieron apoyo técnico para elaborar el texto.
“Colaboré con la redacción de este proyecto”, señaló Fernández, agregando que la idea no provino de sus representados. “No surge de mis defendidos. Honestamente, no hay ningún tipo de instrucción de parte de ninguna de las personas que defiendo”, afirmó.
BioBioChile se contactó con el equipo del senador Chahuán para intentar tener su versión respecto del origen de su proyecto, sin obtener respuesta hasta el momento.
Contacto con asesores del senador Chahuán
La abogada detalló que el acercamiento inicial no fue directo con el senador. “No me lo pidió directamente. Creo que fue un grupo de asesores de parte de él, y obviamente tenía que estar enfocado netamente en el punto de vista humanitario”, explicó.
Posteriormente, relató que sí sostuvo encuentros con el legislador y que incluso expuso en el Congreso sobre la situación penitenciaria.
“Yo tuve contacto directo con el senador Chahuán… después me reuní con él un par de veces y me tocó exponer en el Congreso”, afirmó Fernández.
Según explicó, el texto se construyó en base a antecedentes jurídicos y experiencias de litigación. “El proyecto son extractos de sentencias mías, algunas cosas que he escrito y que solamente muestran la realidad carcelaria del país”, sostuvo.
Defensa del proyecto y críticas a su interpretación
Fernández también cuestionó algunas críticas que han surgido contra la iniciativa, que según detractores podría permitir la liberación de delincuentes condenados por delitos graves.
“Es falso que 12 mil personas quedarían libres apenas se apruebe este proyecto”, afirmó, señalando que cualquier eventual beneficio debería ser solicitado caso a caso ante un tribunal.
“La persona condenada tiene que solicitarlo al Juzgado de Garantía y demostrar que cumple con ciertos requisitos. No operaría de pleno derecho”, añadió.
En ese sentido, la abogada Fernández insistió en que la iniciativa busca regular un mecanismo alternativo de cumplimiento de penas para personas de edad avanzada.
“Esto no es un indulto y tampoco es un indulto camuflado. Esto es un cumplimiento alternativo de pena para una población penal vulnerable”, indicó.
Krassnoff y Corbalán: “Prefieren morir con las botas puestas”
Durante la entrevista con BBCL, Fernández también se refirió a dos de los internos más emblemáticos del penal, el exagente de la DINA Miguel Krassnoff y el exjefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán.
Según la abogada, ambos le manifestaron que no solicitarían el beneficio, incluso si el proyecto llegara a convertirse en ley.
“Ni Álvaro Corbalán ni Miguel Krassnoff solicitarían el beneficio en caso de que se aprobara este proyecto”, afirmó.
Consultada sobre las razones, explicó que en algunos casos no cumplen con los requisitos y en otros se trata de una decisión personal. “Ellos no quieren migajas del poder político”, aseguró.
Incluso, la defensora fue más allá al describir la postura que le habrían transmitido los exuniformados.
“Ellos prefieren morir con las botas puestas en Punta Peuco que solicitar algún tipo de beneficio carcelario”, sostuvo. Esto, a pesar de la llegada a La Moneda de José Antonio Kast, quien se ha mostrado favorable al polémico proyecto.
“No lo van a hacer. Ellos no van a solicitar nada, ellos no van a pedir indulto. Ellos lo único que quieren es cumplir su castigo penal, cumplir sus penas privadas de libertad, pero que se respeten sus derechos fundamentales, porque Gendarmería en estos momentos los está hostigando y está tomando represalias contra ellos”, sentenció.
Finalmente, Fernández defendió que el debate abierto por la iniciativa al menos ha permitido discutir la situación de los reos de avanzada edad en el sistema penitenciario.
“Aunque este proyecto ha sido muy criticado, al menos ha puesto en discusión las condiciones indignas y el sufrimiento de los presos”, concluyó.
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