El Ministerio Público en La Araucanía está investigando a personas posiblemente vinculadas con la defensa de los imputados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay. Esto porque se estaría ofreciendo dinero para fabricar testimonios contra fiscales y policías que investigaron el caso.
Los abogados Karina Riquelme y Sebastián Saavedra presentaron un recurso de amparo para saber si ellos eran parte de alguna investigación por parte de la Fiscalía, porque habían detectado que personas de civil, policías, les tomaban fotografías en el Tribunal de Garantía.
Por su parte Carabineros respondió que su personal no realizó ninguna de las acciones denunciadas y precisaron que si policías de civil han estado en los tribunales ha sido para monitorear audiencias complejas, que eventualmente podrían haber terminado en desórdenes públicos.
Sin embargo, a raíz de estas respuestas a la Corte de Apelaciones quedó al descubierto que la Fiscalía está desarrollando una investigación desformalizada respecto de personas que estarían vinculadas a la defensa de los acusados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.
El Fiscal Regional, Cristian Paredes, en respuesta al oficio 2210, de la Corte de Apelaciones de Temuco, confirmó que una persona entregó una declaración ante la Policía de Investigaciones en donde sostenía que abogada Karina Riquelme se encontraba recabando información y antecedentes para perjudicar al fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle.
La investigación, desformalizada, se inició después que el 5 de agosto la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI remitió un oficio reservado a la fiscalía regional.
De forma paralela a esta indagatoria hay otra en desarrollo vinculada al mismo caso.
Una persona, que solicitó reserva de su identidad, declaró ante la policía que personas que se habrían identificado como abogados vinculados a la defensa de los imputados por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, y supuestos familiares de los mismos, ofrecieron dinero a quienes declararan contra la investigación del Ministerio Público.
En el mismo documento se indica que abogados, supuestamente vinculados a la defensa de los imputados, habrían ofrecido la suma de 10 millones de pesos para declarar contra los policías que investigaron el caso, de quienes se sabría incluso sus domicilios.
En el documento se indica que se trata de 2 causas desformalizadas sobre las cuales, el pasado 13 de septiembre y el 15 de septiembre, se amplió el plazo de investigación en 40 días.
RBB
