Un plazo de 30 días más de investigación tendrá la arista penal del caso de colusión del papel entre CMPC y SCA (ex PISA), luego que el Juzgado de Garantía de Puente Alto decretara la reapertura de la indagatoria.

A pesar de haber manifestado su intención de no perseverar, el Ministerio Público realizará la única diligencia que ordenó la jueza María Carolina Martín: tomar la declaración de una supuesta víctima de los presuntos delitos cometidos por una de las papeleras.

Según planteó Martín, el objetivo de este nuevo plazo es cumplir con una diligencia pendiente que sería la declaración de Gonzalo Meruane, representante de la compañía Dismer, firma que acusa haber sido víctima de los delitos presuntamente cometidos por la papelera del Grupo Matte.

Precisamente, el abogado de Dismer, Cristián López, planteó que el testimonio de su defendido podría abrir un nuevo flanco en la arista penal del caso, ya que -a su juicio- se ha investigado sólo la afectación a consumidores y no así, a distribuidores.

El 28 de abril pasado, el Ministerio Público solicitó la fijación de la audiencia para oficializar la decisión de no perseverar, luego que el Tribunal Constitucional y la Corte de Apelaciones de San Miguel determinarán la “reserva” de los antecedentes solicitados.

Sin embargo, ante la determinación de la justicia, el fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames, dijo que verán si la declaración de Meruane “aporta antecedentes para fundar algún tipo de acusación”.

El jurista Rodrigo Ávila, representante de los exejecutivos de CMPC, José Luis Aravena, Cristián Rubio y Fernando Riquelme; calificó el recurso presentado por Dismer como una “acción dilatoria”.

Por su parte, el abogado de Gabriel Ruiz-Tagle, el exdueño de PISA, Carlos Cortés -quien también defiende al senador Jaime Orpis- afirmó que la declaración de Meruane “no va a aportar ningún antecedente serio para la investigación”.

La acción penal ocurre en paralelo al ámbito civil del caso, en el que se discuten posibles medidas compensatorias a los usuarios por el perjuicio generado por los 10 años en que CMPC y SCA, exPISA, participaron de un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta de productos de la categoría de papeles tissue.