El 31 de marzo, los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena abandonaron sus labores en el Ministerio Público, luego que en enero renunciaran a sus cargos, acusando “falta de fundamentos” en las acciones del Ministerio Público.

Ambos persecutores plantearon esta jornada al diario La Tercera, que luego que el organismo otorgara una salida alternativa por el caso del senador Iván Moreira, quien recordemos es investigado por financiamiento irregular de su campaña política, ambos fiscales decidieron renunciar al Ministerio Público.

Para el exfiscal Norambuena “estaban habilitados para buscar una sanción penal, por lo que no hay fundamento racional ni lógico para que el Ministerio Público haya renunciado a la búsqueda de esa condena”.

Ante esta situación, desde la Asocación Nacional de Fiscales, su presidenta Trinidad Steinert planteó que los persecturores deben siempre buscar el juicio oral y la sanción penal para los acusados, sin importar de quien se trate, por lo que las salidas alternativas son una excepción.

Tanto Gajardo como Norambuena plantearon que las investigaciones que llevaban adelante los convirtió en “fiscales incómodos”.

Por último, ambos ex persecutores del Ministerio Público planteraron que “estas decisiones -de evitar el juicio oral- favorecerán a otro imputados de todo el abanico político como es el senador Jorge Pizarro, y el ex congresista Fulvio Rossi”, por ejemplo.

El aludido senador por la región de Coquimbo evitó comentar las palabras del exfiscal.

El exfiscal Norambuena planteó que con “esta decisión -de buscar la salida alternativa para los acusados- pareciera que la jerarquía de la Fiscalía se enmarca en esta política de acotar las investigaciones, que en su momento enarboló el actual fiscal nacional Jorge Abbot”.

De acuerdo al exfiscal del caso Penta, el jefe del Ministerio Público no ha dimensionado lo que significa para la democracia los casos de financiamiento irregular de la política y las campañas electoresl.

“El fiscal Abbott lo que ha hecho desde su nombramiento es entender que estos procesos deben acotarse y ha actuado en consecuencia, sin dimensionar, a mi juicio, la gravedad que tienen para la democracia, que estas conductas terminen sin reproche penal”, cerró Gajardo.