Mientras la presidenta Michelle Bachelet aún mantiene la incertidumbre respecto al eventual cierre del penal Punta Peuco, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez sostuvo que para concretar dicha acción, se debe garantizar la integridad de los condenados.

Gómez reiteró que si bien esta decisión corresponde al Ministerio de Justicia, a su juicio existe un riesgo: mezclar a estos presos con la población común.

Lo anterior, sostuvo el jefe de cartera podría derivar en situaciones graves, toda vez que el Estado es responsable de preservar la vida, de acuerdo con la normativa nacional e internacional.

La incógnita volvió a reflotar esta semana, luego de las declaraciones que la gobernante realizó en una entrevista con Canal 13, en la que afirmó que “ahí se verá” la clausura del penal, agregando que no anunciaría nada a través de la prensa.

El abogado de los internos de Punta Peuco, Raúl Meza, fustigó los dichos de Bachelet, asegurando además que presentará un recurso de protección en contra de la mandataria y la orden de no innovar para evitar que se concrete el cierre.

En tanto desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), su presidenta Lorena Pizarro, reiteró la necesidad de cerrar Punta Peuco, cumpliendo así el compromiso que la presidenta habría asumido con Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del “Caso Quemados”.

A días del cambio de mando, desde La Moneda no hay señales de una decisión final respecto del cierre del polémico penal; mientras que fuentes de Gendarmería explicaron que, hasta ahora, no se ha producido algún tipo de indicio ni emanado una orden de la cual se pudiera inferir que esto efectivamente ocurrirá.