El excandidato presidencial, Felipe Kast, envió esta semana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el informe Sename 2, que fue rechazado de forma mayoritaria por la Cámara de Diputados, para que requiera al Gobierno “que adopte, de manera inmediata, medidas concretas para el cumplimiento de sus obligaciones”.

“Esta semana fuimos testigos de cómo en la Cámara de Diputados, la mayoría oficialista, priorizó el lobby político por sobre el interés superior de los niños, al recibir y ejecutar las ordenes emanadas de ministros del Gobierno, llegando al ridículo que diputados que redactaron parte del informe, votaron en contra del mismo”, afirmó Kast.

Para el parlamentario, esto demostró “una vez más, que para el Gobierno los niños no son un prioridad“.

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“Hemos decidido suministrar información adicional a la solicitud, enviando el informe rechazado por la bancada oficialista, así como una recopilación de noticias, pues los hechos confirman la necesidad de intervención de entidades internacionales de Derechos Humanos”, explicó el excandidato.

“El Gobierno no ha cumplido”

El Estado no ha cumplido ni dado pasos para cumplir sus obligaciones con los menores, lo que hace urgente e imprescindible la intervención internacional en la materia”, acusó.

El diputado de Evopoli presentó en diciembre, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto a la diputada independiente Karla Rubilar, una solicitud de medidas cautelares en favor de “todos los menores de 18 años de edad que se encuentren bajo la tutela o protección del Servicio Nacional de Menores”.

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Kast pretende que la CIDH requiera al Gobierno “que adopte, de manera inmediata, medidas concretas para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, en especial la obligación proporcionar protección especial a los niños privados de su medio familiar”.

Además, el precandidato solicita, entre otras medidas, “que la Comisión realice una visita in loco en los hogares dependientes de la red del Sename para analizar las falencias actuales en profundidad y requerir del Estado de Chile cambios inmediatos en el funcionamiento de los mismos”.