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Mossos d’ Esquadra: policía catalana con amplias competencias que Rajoy quiere controlar

Mossos. Generalitat de Catalunya (Flickr CC)
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El gobierno de Mariano Rajoy quiere hacerse con el control directo de la policía catalana, una pieza clave de la administración regional que cuenta con numerosas competencias y que en condiciones normales sólo responde ante el ejecutivo catalán.

Como parte de las medidas propuestas a la aprobación del Senado para frenar el desafío secesionista, el equipo de Rajoy pide el poder de “dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento” a los alrededor de 16.000 agentes con que cuentan los Mossos d’Esquadra.

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Igualmente solicita poder para proceder a ceses, suspensiones y nombramientos, como ha pedido para todos los organismos dependientes de la Generalitat de Cataluña. Esto podría traducirse en un cese del comandante de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, acusado de un delito de sedición.

Las instrucciones futuras podrían venir del ministerio del Interior, y más concretamente de algún mando de la Policía Nacional o la Guardia Civil, lo cual generará muchas suspicacias, apunta Oriol Bartomeus, profesor de ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona.

“Cuando te ponen a un jefe de otro cuerpo, te están diciendo: ‘no me fío de ti"”.

La toma de control supondrá echar la mano sobre la amplia gama de competencias de este cuerpo, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII.

En primer lugar, los “mossos” están encargados de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público en todo el territorio de Cataluña, comparable al de Bélgica y con 7,5 millones de habitantes.

Igualmente tienen funciones de policía administrativa, lo que significa que debe velar por el cumplimiento de las leyes aprobadas por el Parlamento catalán y también las leyes del Estado aplicables en Cataluña.

Además, este cuerpo refundado por una ley de 1983, ocho años después de la muerte del dictador Francisco Franco, tiene funciones de policía judicial, “incluidas las diversas formas de crimen organizado y terrorismo”, según el Estatuto de Autonomía, la constitución regional.

Los Mossos dieron prueba de dichas habilidades cuando el pasado agosto desmontaron en cuestión de días la célula yihadista que atentó en Cataluña dejando 16 víctimas mortales.

Cómo suelen funcionar

En condiciones normales, los Mossos dependen exclusivamente del consejero regional de Interior, uno de los cargos más destacados del gobierno autonómico catalán. Su actual titular es Joaquim Forn, cuyo cese ha pedido Rajoy junto al de todos sus compañeros del gobierno catalán.

De manera puntual y excepcional, los Mossos pueden depender del gobierno central “si se establecen operativos conjuntos”, recuerda Yolanda Gómez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad a Distancia (UNED). “Son situaciones específicas”, incide.

Dicha situación se dio el pasado septiembre, cuando el ministerio del Interior designó a un alto funcionario suyo como mando único encargado de coordinar las actuaciones de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra, a fin de impedir el 1 de octubre la celebración física del referendo de autodeterminación prohibido.

Afectados por el 1-O

Los Mossos se han visto precisamente salpicados de lleno por el referendo.

Al hilo del 1 de octubre, la Guardia Civil ha denunciado una presunta “inacción” por parte de los Mossos, después de que Trapero ordenara a sus agentes no utilizar la fuerza para impedir la votación.

Trapero está actualmente acusado de un presunto delito de sedición -en su caso pasible con hasta 15 años de prisión- por otros hechos: una manifestación independentista ocurrida el 20 de septiembre en Barcelona, en la que miles de manifestantes impidieron durante horas la salida de guardias civiles de un edificio oficial donde estaban efectuando registros.

Se le reprocha que supuestamente el cuerpo que dirige no fue diligente a la hora de establecer un cordón de seguridad e impedir que los manifestantes acorralaran a la Guardia Civil.

Por esos hechos tuvo que comparecer dos veces ante la Audiencia Nacional -un alto tribunal español-, que lo dejó libre bajo control judicial, lo que significa que no puede salir de España sin autorización del juez y cada 15 días debe presentarse en el juzgado más próximo a su domicilio.

Dicha investigación por sedición podría ampliarse a los hechos del 1 de octubre, después de que la Guardia Civil presentara ante la Audiencia Nacional un informe con indicios de la presunta inacción de los Mossos.

Al igual que muchos otros funcionarios catalanes, Trapero se ve por añadidura expuesto a un eventual cese, si el Senado, de mayoría conservadora, aprueba las medidas propuestas este sábado por el gobierno de Rajoy.

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