Las tres recientes series de sanciones tomadas por Naciones Unidas contra Pyongyang por sus pruebas nucleares y de misiles pueden empeorar la situación humanitaria en Corea del Norte, dijo el jueves un experto independiente y relator especial de la ONU para los derechos humanos en ese país.

Tomás Quintana afirmó ante el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General que los envíos hacia Corea del Norte de medicamentos para pacientes con cáncer y de sillas de ruedas y otros equipos para personas con discapacidades han sido bloqueados, probablemente como resultado de las sanciones.

Trabajadores de ayuda humanitaria en Corea del Norte se enfrentan actualmente a obstáculos mayores para obtener suministros y llevar a cabo transacciones financieras debido a las sanciones, agregó.

“Estoy preocupado por la posibilidad de que estas sanciones tengan un impacto negativo sobre sectores vitales de la economía y por lo tanto, una consecuencia directa en el respeto de los derechos humanos”, dijo el diplomático argentino.

El Consejo de Seguridad ha prohibido las exportación de carbón, hierro, plomo, textiles y mariscos por Corea del Norte y sancionado a un conjunto de empresas de ese país en respuesta a los ensayos nucleares y de misiles realizados por el gobierno de Kim Jong-un.

Las sanciones están dirigidas a asfixiar financieramente los programas militares de Pyongyang, pero Quintana dijo que pueden tener consecuencias negativas sobre los ciudadanos norcoreanos.

“La historia nos muestra que las sanciones pueden tener un impacto devastador sobre la población civil”, dijo el diplomático, llamando a reconsiderarlas para asegurarse de que “efectivamente no constituyan un castigo colectivo a los ciudadanos”.

En un informe escrito elevado al Comité, Quintana dijo que 41% de la población de Corea del Norte está subalimentada y que la escasez alimentaria crónica se ha visto agravada por inundaciones y sequías.

Casi un tercio de los norcoreanos menores de cinco años sufren de retraso en el crecimiento, un aumento significativo respecto a 2014, y unas 18 millones de personas, el 70% de la población, dependen de la ayuda alimentaria para vivir, agregó.