Opinión


La transparencia en Chile y la ley del voto exterior: Lecciones de gastronomía política

Pablo Ovalle | Agencia UNO
  • share
Publicado por
Envíanos tu corrección

“Hay que impedir que la política se convierta en el arte de evitar que la gente participe en aquello que le concierne directamente” (Paul Valéry – Escritor y filósofo francés).

Por Alberto Mayol (sociólogo), Gustavo Fuentes (abogado) y Óscar Vivallo (psicólogo)

Algunas escuelas técnicas parisinas de alta cocina realizan sus sesiones prácticas para estudiantes avanzados, en salones habilitados contiguos a la calle. A través de grandes ventanales, los transeúntes pueden ver el despliegue gourmet de jóvenes encajados en blancos uniformes, cortando verduras y carnes, sazonando las preparaciones o revolviendo su contenido vaporoso en grandes cacerolas.

En ocasiones, la gente detiene su marcha y observa embelesada, imaginando aquello que más adelante podría maravillar su vista, su olfato y, por sobre todo, su paladar. Agudizando la mirada, quizás alguien puede entrever un bocado de aperitivo, un humeante caldo o una exquisita pieza de postre. Sin embargo, la receta o la composición de aquello que se volcará en los platos, deviene en la forma de un enigma gastronómico sólo revelado para el que cocina.

Si por azar alguien prueba un bocado de todo aquello en las decoradas locaciones de algún restaurant, sabe que el plato servido es “hecho consumado”. No podrá descifrar el misterio de su preparación, deshacer el proceso de cocción, reproducir con exactitud la liturgia de sus aderezos o contemplar los ingredientes en su estado original. En definitiva, sabe que su lugar está situado en el lado externo de la vitrina y que los contenidos de la receta, de toda esa alquimia culinaria, son exclusivos para aquellos que se encuentran fraguando al otro lado del ventanal.

La metáfora de la “cocina” constituye una denominación genérica para designar una práctica generalizada de la clase política. Invocando siempre al bien común, los proyectos de ley y sus itinerarios legislativos muchas veces “son cocinados” a resguardo del escrutinio de la opinión ciudadana, para luego ser “servidos” en las comisiones y sesiones de sala del Congreso Nacional.

El Chef podrá salir a la calle y preguntar a algunos transeúntes sobre sus preferencias gastronómicas. A ello llamará exultante “participación ciudadana”. Pero, evitará a toda costa que las preparaciones sean degustadas previamente, es decir, antes de que el plato sea servido sobre la mantelería del primer trámite legislativo. Y, por supuesto, el acceso posterior de los comensales al uso y goce de los platos, dependerá de su capacidad de acceso a ellos, es decir, de su dinero. Esto, que se cumplió para las reformas hechas hasta ahora y que nos lo recordó con exultante cinismo Andrés Zaldívar, se parece constituir en un modus operandi cuyas reglas no parecen modificarse, salvo esfuerzos de maquillaje. Vale esto si hablamos de nueva Constitución o si se trata de la ley de voto en el exterior.

El aperitivo: el bloqueo de la participación ciudadana

En la actualidad, el Gobierno se encuentra ad-portas de ingresar al Congreso Nacional el Proyecto de Ley que regulará el ejercicio del derecho a sufragio desde el exterior. Sin embargo, las organizaciones ciudadanas del exterior aún observan desde afuera cómo el Ejecutivo prepara a puertas cerradas uno de los platos más importantes del menú.

En cierto sentido, la historia no es desconocida para estas organizaciones ciudadanas. Ellas ya “pagaron el noviciado” en el proceso legislativo que culminó con una reforma constitucional (Ley N° 20.748) que estableció en el mismo texto constitucional el tipo de elección en el que se podría participar. Específicamente, limitó el derecho a sufragio a las elecciones presidenciales, plebiscitos y primarias nacionales, dejando fuera cualquier otro tipo de acto electoral, como -por ejemplo- las elecciones parlamentarias.

Acogiendo la posición de las organizaciones chilenas del extranjero, durante el proceso legislativo de la reforma constitucional (aprobada en el 2014), el Diputado Giorgio Jackson presentó una indicación en la cual proponía que el tipo de elección no quedase establecido en la Constitución Política de la República, sino que en la Ley que regulase el derecho a sufragio desde el exterior.

La lógica de la indicación era evidente, en términos de estándares de derechos políticos y ciudadanos, porque además evidenciaba una paradoja. Si una cuestionada Constitución pinochetista establecía el derecho a sufragio en todo tipo de elecciones, la reforma constitucional promovida por la Nueva Mayoría reducía la participación ciudadana a tres tipos de eventos electorales. Es decir, la versión del proyecto de reforma que promulgó la Presidenta terminó estableciendo la exclusión política en el mismo texto constitucional.

Con relación al voto chileno en el exterior, nuevamente la historia se repite. El texto preparatorio del Proyecto de Ley que regulará el voto chileno en el exterior es desconocido por la ciudadanía, a pesar de que ha solicitado al Ejecutivo -vía Ley de Transparencia- acceder a sus contenidos, antes de que sean presentados al Congreso.

Debido a la experiencia acumulada durante la tramitación de la citada reforma constitucional, es posible plantear que -una vez ingresado en el Congreso- las posibilidades de modificar los contenidos del Proyecto de Ley son remotas o marginales. Sabemos que tanto el texto de ley, como las indicaciones de modificación de contenido que serán consideradas durante su tramitación, son definidas con anterioridad a su presentación. Del mismo modo, las posibilidades de apoyo y rechazo en la votación legislativa son sondeadas y acordadas también con anticipación.

En tal sentido, el texto de ley se vuelve irreductible a la influencia ciudadana durante su tramitación, debido a que sobre sus contenidos pesan los acuerdos previos de votación legislativa. Es decir, la ley está “cocinada”.

Quizás el Ejecutivo crea conveniente que las cocinas de Palacio continúen operando a puertas cerradas y que a la ciudadanía, una vez el plato servido, no le quede más que comer y callar. Sin embargo, también es un error estratégico no reconocer que, en términos de participación política, la ciudadanía hace tiempo está cambiando sus hábitos alimenticios.

No sólo ha ido adquiriendo un sofisticado conocimiento gastronómico, sino que también se ha ido convenciendo de que la riqueza de su contribución trasciende el despolitizado rol de un comensal. Aún más, la ciudadanía ha reconocido en la Ley de Transparencia un recurso garantizado para acceder a información de relevancia pública y ponerla formalmente a disposición de la comunidad.

En tal sentido, la ciudadanía organizada tiene la convicción de que la Ley de Transparencia evita la primacía de relaciones informales de privilegio, en términos de lobby y de compartimentación de información que es de relevancia ciudadana. El uso de este instrumento jurídico por parte de la ciudadanía contribuye, entonces, a la transparencia con que debe realizarse el flujo de información proveniente de la institucionalidad pública.

El plato principal: el uso de la Ley de Transparencia

Con fecha 25/08/2014, la Ministra Sra. Ximena Rincón anunció en Neuquén – Argentina, que el “borrador [de la Ley] estaba listo” (el anteproyecto de la ley que regulará el voto exterior). Ante este anuncio, el 26/08/2014 la campaña ciudadana “Haz tu Voto Volar” (en adelante, HTVV) solicitó al Ministerio Secretaría General de la Presidencia –vía Ley de Transparencia- información respecto del “Anteproyecto de Ley” que regulará el ejercicio del derecho de voto chileno en el exterior (Folio N° AF001W-0000704).

El Gobierno ya había realizado encuestas y encuentros con algunas comunidades chilenas en el exterior (denominados “Diálogos Participativos”), con la idea de recoger sus inquietudes, opiniones y demandas. Sin embargo, las organizaciones convocadas no tenían conocimiento alguno respecto de los contenidos del texto de ley. En cierto sentido, el criterio de “participación ciudadana” utilizado por el Gobierno consistió, más que nada, en recolectar información.

La ciudadanía ha sido testigo de cómo la derecha chilena en el Congreso (especialmente, la UDI), durante las últimas dos décadas ha intentado condicionar, sistemáticamente y de modo censitario, el voto chileno en el exterior. Por ello, en el mismo requerimiento HTVV solicitaba, además, acceder a los contenidos del “protocolo de acuerdo” suscrito -en la antesala de la aprobación de la reforma constitucional- entre la Ministra del ramo y parlamentarios de oposición.

No es desconocido que la inscripción y el voto presencial en consulados y embajadas, son condiciones señaladas por personeros de la derecha para otorgar su apoyo legislativo al futuro Proyecto de Ley. Y no parecen advertir el carácter censitario de muchas de estas condiciones. La ciudadanía en el exterior presenta como determinantes de participación una diversidad de factores geográficos, económicos, laborales, etarios y de salud. Si una Ley establece la inscripción y el voto presencial en consulados y embajadas, estos factores afectarán gravemente su participación. Asimismo, si se mantienen estas condiciones censitarias en el texto de ley, se vulneraría directamente el principio de igualdad ante la ley.

En definitiva, la finalidad la solicitud de HTVV al MINSEGPRES -vía Ley de Transparencia- era lograr qida, ni peligro para el debido funcionamiento institucional. La reiterada denegación de la Subsecretaría se funda en razones eminentemente políticas: el resguardo de un acuerdo de apoyo legislativo con la oposición, el cual incluye en el Proyecto de Ley el establecimiento de condiciones censitarias de participación electoral, para la ciudadanía chilena del exterior.

La sobremesa: La cocina en solitario como error político

La relevancia del caso se puede sintetizar en seis ideas matrices. Primero, que la solicitud de HTVV vía Ley de Transparencia no es “cualquier solicitud”. La información a la que se pretende acceder, acarreará consecuencias relevantes para un importante número de ciudadanos que viven actualmente fuera de país, con respecto a un derecho de primera generación: el derecho a voto. En la actualidad, se estima –pues no hay información oficial actualizada- que más de 800.000 chilenos viven en el extranjero, y que la mitad cumpliría con los requisitos para ejercer su derecho a sufragio. Se hace evidente, entonces, que la información requerida es de alta relevancia pública, tanto por su trascendencia social, como por el interés público que, en este caso, exige facilitar el control social de la información.

En segundo lugar, el texto jurídico –anteproyecto de ley- ha sido redactado con presupuesto público. En su artículo “la titularidad y el objeto del acceso: una visión integrada del derecho”, Viñuelas Hojas (2010) señala que la gran novedad de la Ley de Transparencia es la extensión de la publicidad de la información pública a toda aquella información que haya sido elaborada con presupuesto público (Artículo N° 5 de la citada Ley), a menos que esté sujeta a excepciones previstas en la propia Ley de Transparencia o en leyes de quórum calificado.

Tercero, con relación al punto anterior ¿La solicitud vía Ley de Transparencia de un anteproyecto de ley se encuentra sujeta a alguna excepción legal? Según la tesis de la Subsecretaria -errada a nuestro parecer- la respuesta es afirmativa, cuando cita a su favor la reserva contemplada en el artículo 21, N° 1, letra b), denominada por la doctrina como el “privilegio deliberativo de la administración”. Esto significa que los órganos públicos podrán rechazar la entrega de una determinada información cuando se afecte el debido funcionamiento del servicio requerido.

Esto es, si se trata de “antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptadas.” Sin embargo, la solicitud de información respecto del anteproyecto de ley se fundó en una declaración realizada por la propia Ministra del ramo, quien declaró que el “borrador [de la Ley] está listo”. En otras palabras, la solicitud de HTVV con relación al anteproyecto, refiere al contenido de un documento concluido en términos de su elaboración y no a sus antecedentes previos.

En cuarto lugar, el concepto de “transparencia”, como derecho-obligación, tiene cada vez más cabida en nuestra sociedad. Una correcta combinación entre ella y la participación ciudadana informada, sólo acarreará efectos positivos que legitimarán futuros procesos y cambios exigidos por la ciudadanía. Y, al contrario de lo argumentado por la Subsecretaría, la evacuación de la información solicitada, más que confusión generará esclarecimiento en la ciudadanía. Su reiterada denegación de información, sólo constituye la pérdida de una gran oportunidad de establecer un diálogo fructífero que, además, agregará valor a la pertinencia del trabajo de las instituciones, en la fase de elaboración del Proyecto de Ley.

Quinto, las organizaciones chilenas del exterior han comenzado a comprender que la denegación de información por parte de la Subsecretaría tiene como objetivo político mantener en reserva los contenidos de la Ley a tramitar, con el fin de que se hagan públicos solamente cuando ingrese a su primer trámite legislativo en el Congreso. Es plausible que la negativa está orientada a resguardar el “protocolo de acuerdo” realizado con Renovación Nacional y Amplitud, cuyo contenido también la Subsecretaría se ha negado a dar a conocer. Está por verse si existe coincidencia entre los contenidos del Proyecto de Ley y las condiciones censitarias que la Oposición ha señalado en medios de prensa, en términos de confirmación o refutación de esta hipótesis.

Sexto, la solicitud de HTVV procura potenciar el interés de la ciudadanía chilena en el exterior, por participar lo más masivamente posible en las Elecciones Primarias y Presidenciales del 2017. La participación informada en la elaboración del texto legal puede reforzar la identificación ciudadana con el éxito de su tramitación legislativa y de su objetivo final: la participación electoral masiva. El compromiso ciudadano con el éxito de esta iniciativa legal, surge de la potencia psicológica de ser parte de su génesis, desarrollo y desenlace. En otras palabras, el sentimiento de coautoría es un combustible de significativa potencia, de superior calidad al experimentado frente a un proyecto con menor resonancia emotiva e implicación personal.

Aún es tiempo para que el Ejecutivo comience a reconocer que, en la actualidad, es un error político significativo querer cocinar solo. Con la Ley de Transparencia, la ciudadanía legítimamente ha llegado a golpear las puertas de la cocina y a abrir sus cerrojos, con el deseo de preparar junto a la autoridad política el mejor menú para los años venideros. Sin embargo, también es posible que el Gobierno persevere abrazando el hermetismo e imponiendo sus posiciones culinarias. En ese caso, intentará -una vez promulgada la Ley- realizar una campaña que estimule la participación electoral. Sin embargo, se encontrará con una ciudadanía que no se sentirá coautora, ni co-responsable de una normativa que, además, impondrá eventualmente condiciones difíciles y censitarias de participación.

Finalmente, las organizaciones chilenas residentes en el exterior han podido presentar sus visiones y demandas al Gobierno, el cual las ha “recolectado” como insumos (Input) de diversa utilidad. Pero, los grandes cocineros no se forman realizando encuestas gastronómicas. Eso nunca ha sido suficiente. Para ello es necesario avanzar hacia una verdadera coautoría que apuntale, con una participación masiva, la primera votación desde el exterior en la historia de Chile.

Que los contenidos del “protocolo de acuerdo” y del “anteproyecto” fuesen conocidos por la ciudadanía, antes del ingreso del Proyecto de Ley al Congreso. Sin embargo, el 25/09/2014 la solicitud fue denegada por la Sra. Subsecretaria del ramo (Ord. [D.J.L] N° 1762). Sin negar en su oficio la existencia del anteproyecto o “borrador” (según las palabras de la Ministra del ramo), la autoridad recurrió a una causal de reserva. Argumentando que el conocimiento público previo de los contenidos del texto de ley podría afectar el debido funcionamiento del órgano requerido, se acogía a privilegio deliberativo.

Este recurso es justificado por la Sra. Subsecretaria, señalando que la divulgación de la información podría traer confusión al ciudadano, entre otras razones. Debido a la negativa, con fecha 01/10/2014, HTVV presentó un recurso de Amparo por Denegación de Información (Causa Rol C-2121-14) ante el Consejo para la Transparencia (en adelante, CPLT), insistiendo en la legitimidad de la solicitud. Sin embargo, con fecha 22/10/2014, mediante Ord. [D.J.L] N° 1931, la Sra. Subsecretaria contestó traslado al CPLT, presentando sus descargos al recurso de amparo de HTVV y reiterando su denegación.

No es de extrañar que la metáfora de la “cocina” haya permeado todas las áreas de la actividad política institucional. Tanto los descargos en la segunda respuesta de la propia Subsecretaria, como el último escrito (“Téngase Presente”) presentado el 10/03/2015 por HTTV ante el CPLT, representan un claro ejemplo de obstrucción del intento de la ciudadanía por formalizar los flujos de información con la autoridad política. En este caso en particular, resulta un contrasentido que la autoridad de gobierno desincentive la utilización del principal recurso que provee la propia institucionalidad, para que la ciudadanía acceda a información de relevancia pública.

Tanto la Subsecretaría como el MINSEGPRES no han comprendido que este litigio ante el CPLT trasciende su connotación estrictamente jurídica. En lugar de valorar políticamente el uso ciudadano de la Ley de Transparencia y de sentarse a debatir en una espléndida sobremesa, visualizan en la solicitud el fantasma de la amenaza. Pues bien, aquí no hay ciudadanía confundida, ni peligro para el debido funcionamiento institucional. La reiterada denegación de la Subsecretaría se funda en razones eminentemente políticas: el resguardo de un acuerdo de apoyo legislativo con la oposición, el cual incluye en el Proyecto de Ley el establecimiento de condiciones censitarias de participación electoral, para la ciudadanía chilena del exterior.

La sobremesa: La cocina en solitario como error político

La relevancia del caso se puede sintetizar en seis ideas matrices. Primero, que la solicitud de HTVV vía Ley de Transparencia no es “cualquier solicitud”. La información a la que se pretende acceder, acarreará consecuencias relevantes para un importante número de ciudadanos que viven actualmente fuera de país, con respecto a un derecho de primera generación: el derecho a voto. En la actualidad, se estima –pues no hay información oficial actualizada- que más de 800.000 chilenos viven en el extranjero, y que la mitad cumpliría con los requisitos para ejercer su derecho a sufragio. Se hace evidente, entonces, que la información requerida es de alta relevancia pública, tanto por su trascendencia social, como por el interés público que, en este caso, exige facilitar el control social de la información.

En segundo lugar, el texto jurídico –anteproyecto de ley- ha sido redactado con presupuesto público. En su artículo “la titularidad y el objeto del acceso: una visión integrada del derecho”, Viñuelas Hojas (2010) señala que la gran novedad de la Ley de Transparencia es la extensión de la publicidad de la información pública a toda aquella información que haya sido elaborada con presupuesto público (Artículo N° 5 de la citada Ley), a menos que esté sujeta a excepciones previstas en la propia Ley de Transparencia o en leyes de quórum calificado.

Tercero, con relación al punto anterior ¿La solicitud vía Ley de Transparencia de un anteproyecto de ley se encuentra sujeta a alguna excepción legal? Según la tesis de la Subsecretaria -errada a nuestro parecer- la respuesta es afirmativa, cuando cita a su favor la reserva contemplada en el artículo 21, N° 1, letra b), denominada por la doctrina como el “privilegio deliberativo de la administración”. Esto significa que los órganos públicos podrán rechazar la entrega de una determinada información cuando se afecte el debido funcionamiento del servicio requerido.

Esto es, si se trata de “antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptadas.” Sin embargo, la solicitud de información respecto del anteproyecto de ley se fundó en una declaración realizada por la propia Ministra del ramo, quien declaró que el “borrador [de la Ley] está listo”. En otras palabras, la solicitud de HTVV con relación al anteproyecto, refiere al contenido de un documento concluido en términos de su elaboración y no a sus antecedentes previos.

En cuarto lugar, el concepto de “transparencia”, como derecho-obligación, tiene cada vez más cabida en nuestra sociedad. Una correcta combinación entre ella y la participación ciudadana informada, sólo acarreará efectos positivos que legitimarán futuros procesos y cambios exigidos por la ciudadanía. Y, al contrario de lo argumentado por la Subsecretaría, la evacuación de la información solicitada, más que confusión generará esclarecimiento en la ciudadanía. Su reiterada denegación de información, sólo constituye la pérdida de una gran oportunidad de establecer un diálogo fructífero que, además, agregará valor a la pertinencia del trabajo de las instituciones, en la fase de elaboración del Proyecto de Ley.

Quinto, las organizaciones chilenas del exterior han comenzado a comprender que la denegación de información por parte de la Subsecretaría tiene como objetivo político mantener en reserva los contenidos de la Ley a tramitar, con el fin de que se hagan públicos solamente cuando ingrese a su primer trámite legislativo en el Congreso. Es plausible que la negativa está orientada a resguardar el “protocolo de acuerdo” realizado con Renovación Nacional y Amplitud, cuyo contenido también la Subsecretaría se ha negado a dar a conocer. Está por verse si existe coincidencia entre los contenidos del Proyecto de Ley y las condiciones censitarias que la Oposición ha señalado en medios de prensa, en términos de confirmación o refutación de esta hipótesis.

Sexto, la solicitud de HTVV procura potenciar el interés de la ciudadanía chilena en el exterior, por participar lo más masivamente posible en las Elecciones Primarias y Presidenciales del 2017. La participación informada en la elaboración del texto legal puede reforzar la identificación ciudadana con el éxito de su tramitación legislativa y de su objetivo final: la participación electoral masiva. El compromiso ciudadano con el éxito de esta iniciativa legal, surge de la potencia psicológica de ser parte de su génesis, desarrollo y desenlace. En otras palabras, el sentimiento de coautoría es un combustible de significativa potencia, de superior calidad al experimentado frente a un proyecto con menor resonancia emotiva e implicación personal.

Aún es tiempo para que el Ejecutivo comience a reconocer que, en la actualidad, es un error político significativo querer cocinar solo. Con la Ley de Transparencia, la ciudadanía legítimamente ha llegado a golpear las puertas de la cocina y a abrir sus cerrojos, con el deseo de preparar junto a la autoridad política el mejor menú para los años venideros. Sin embargo, también es posible que el Gobierno persevere abrazando el hermetismo e imponiendo sus posiciones culinarias. En ese caso, intentará -una vez promulgada la Ley- realizar una campaña que estimule la participación electoral. Sin embargo, se encontrará con una ciudadanía que no se sentirá coautora, ni co-responsable de una normativa que, además, impondrá eventualmente condiciones difíciles y censitarias de participación.

Finalmente, las organizaciones chilenas residentes en el exterior han podido presentar sus visiones y demandas al Gobierno, el cual las ha “recolectado” como insumos (Input) de diversa utilidad. Pero, los grandes cocineros no se forman realizando encuestas gastronómicas. Eso nunca ha sido suficiente. Para ello es necesario avanzar hacia una verdadera coautoría que apuntale, con una participación masiva, la primera votación desde el exterior en la historia de Chile.

Nuestros comentarios son un espacio de conversación y debate. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.
Ver los comentarios (0)
Destacados