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Detienen a mujer que portaba escopeta y amenazó al alcalde de San Nicolás

Contexto | AgenciaUno
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Eran cerca de las 8 de la mañana cuando Sofía Alarcón Concha, llegó a la puerta de la casa del alcalde de San Nicolás, Víctor Toro Leiva, armada con una escopeta y con un tiro en su interior, tratando de ingresar al domicilio mientras gritaba amenazas de muerte. Al no encontrarlo, siguió caminando hacia el edificio municipal, que está contiguo a la vivienda del jefe comunal.

Allí -con el arma en la mano- exigió la presencia del alcalde, pero a esa hora sólo estaba una funcionaria que realiza labores de auxiliar de aseo y una pareja de vecinos que esperaba para ser atendida por personal municipal, quienes le explicaron que no se encontraba en su oficina.

Sofía Alarcón, completamente fuera de sí, se dirigió al retén de Carabineros, donde amenazó a los funcionarios e intentó atacar al suboficial mayor Francisco Labrín, siendo detenida en ese instante por personal policial que la redujo y le quitó el arma de fuego.

Según se informó desde el municipio, éste no es el primer hecho de violencia que protagoniza la mujer, pues en otra ocasión ingresó a la fuerza a la oficina del alcalde, donde quiso quemar el sillón que ocupa la autoridad. Incluso agregaron que el día anterior a este incidente estuvo en el municipio profiriendo amenazas en su contra, por lo que fue llevada al consultorio donde la habría atendido un médico, que estableció que no revestía peligro su actitud y comportamiento.

El fiscal de Chillán, Juan Rohr, realizó el control de detención, donde fue formalizada por amenazas de muerte, además de porte y tenencia ilegal de arma de fuego y munición. En la oportunidad la defensa quiso apelar al estado de salud mental de la mujer, quien presuntamente padecería de esquizofrenia, lo que sin embargo no pudo ser acreditado ante el tribunal

Asimismo se señaló que la imputada habría trabajado como podóloga en el consultorio de salud municipal y hace algunas semanas, debido a reclamos por malos tratos de usuarios, no le habrían renovado su contrato, lo que podría explicar de cierta manera el porque de su comportamiento, aunque la familia ha intentado también brindarle asistencia profesional.

En todo caso se determinó que junto con la medida cautelar de prohibición de acercarse al alcalde, la imputada será sometida a exámenes médicos para determinar su estado de salud mental, antes de un eventual juicio al que podría ser sometida

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