Las imputadas solicitaban dineros mediante la "Comunidad animalistas, artesanos y emprendedores del Loa" a familias vulnerables con la promesa de terrenos para vivienda. De esta manera, se acumulan más de 36 víctimas y $103 millones de pesos en engaños.

La Fiscalía, en colaboración con la Policía de Investigación (PDI), destapó una significativa estafa relacionada con un proyecto habitacional ficticio que afectó al menos a 36 familias en Calama.

Las víctimas, que aspiraban a conseguir un hogar propio, fueron defraudadas por un total de 103 millones de pesos. Aún así, esa cifra podría aumentar.

Por lo anterior es que se formalizó a tres mujeres acusadas de asociación delictiva y estafa reiterada, además por su rol en la manipulación de familias vulnerables a través de la asociación “Comunidad animalistas, artesanos y emprendedores del Loa”.

Según la investigación, las imputadas prometieron la entrega de terrenos con servicios básicos a cambio de cuotas mensuales, utilizando diversas tácticas para mantener la credibilidad de su oferta.

Según se detalló desde el Ministerio Público, las acusadas -todas de nacionalidad chilena- convencían a las víctimas de invertir 90.000 pesos mensuales durante cinco años.

Estos pagos, que se realizaban en efectivo o mediante transferencias, supuestamente garantizarían la propiedad de un terreno de 3.000 metros cuadrados con acceso a servicios básicos una vez completados los pagos.

Millonario fraude habitacional en Calama

Así, el engaño se descubrió cuando las acusadas organizaron una reunión para anunciar que el supuesto vendedor del terreno había desistido de la venta, sugiriendo un nuevo terreno y la creación de otra asociación para continuar recibiendo pagos.

En la instancia, incluso las mujeres mostraban planos e imágenes falsas de los terrenos, de esta manera organizaban reuniones informativas en lugares establecidos para aumentar la credibilidad del proyecto.

La situación salió a la luz después de que varias víctimas, sospechando del engaño, denunciaran a las autoridades en una reunión de la asociación el pasado 7 de abril, lo que llevó a una rápida acción de la PDI y la formalización de las responsables.

Finalmente, el fiscal (s) de Calama, Claudio Rojas, instó a otras posibles víctimas a presentarse y denunciar, ya que se sospecha que el número real de afectados podría ser mucho mayor.

Mientras la investigación tiene un plazo de 80 días, las tres mujeres quedaron en prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad.