La Corte de Apelaciones de Santiago dejó pendiente el fallo que determinará la legalidad de la grabación donde aparecen los nombres de candidatos de la UDI que habrían recibido financiamiento del grupo Penta.

Por un poco más de una hora se extendió la audiencia en la Novena Sala del tribunal de alzada capitalino, en la que la defensa de Carlos Eugenio Lavín, uno de los controladores del grupo Penta, pretende que se declare ilegal la grabación donde aparece el diálogo que sostuvo el 7 septiembre pasado con su ex gerente, Hugo Bravo.

En el registro, grabado con un teléfono móvil al interior del departamento del ex empleado, hablan sobre el financiamiento a campañas políticas, entre otras materias.

Ahí mencionan aportes a los gremialistas Pablo Longueira, Laurence Golborne, Pablo Zalaquett, Jovino Novoa, Iván Moreira y Ernesto Silva.

Sin embargo, el 1 de diciembre pasado, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decidió aplicar sobreseimiento de la querella que interpuso Lavín por grabación ilegal. De acuerdo al tribunal, la grabación no constituiría delito debido a que la charla no aludía a temas personales, sino laborales.

Al final de la audiencia en la Corte de Apelaciones, los abogados del director de Penta, Davor Harasic, y de Bravo, Catherine Latrop y Gonzalo Insunza, se excusaron de dar declaraciones.

En los alegatos, Harasic denunció que la fiscalía no hizo peritajes para determinar la veracidad de la grabación e insistió que se trató de una conversación privada.

No obstante, la defensa de Bravo, en estrado, alegó que la grabación es un medio de prueba para la demanda laboral que interpuso su cliente contra sus ex empleadores e invocó el fallo de la Corte Suprema que validó la grabación que se le hizo a la doctora María Luisa Cordero cuando entregaba licencias psiquiátricas de manera irregular.

El abogado que representó a la Fiscalía Oriente, Nicolás Calvo, entregó antecedentes respecto a que tanto Lavín como su hijo, Carlos Lavín Subercaseax, declararon ante el Ministerio Público que en la cita con Bravo no se trataron temas personales.

En tanto, el ministro de Justicia José Antonio Gómez, se refirió al bullado proceso, negando comparar esta investigación con el denominado caso MOPGate, donde se investigó el financiamiento a personeros del gobierno de Ricardo Lagos con dineros públicos.

Sobre la presencia de políticos y empresarios de gran poder económico, el vocero de la Corte Suprema, el ministro Milton Juica, apuntó que el Poder Judicial está preparado para resolver este tipo de juicios.

Si se confirma el sobreseimiento, la cinta podría ser utilizada en otras aristas del llamado “caso Penta” y en la denuncia presentada por el ex ejecutivo contra sus antiguos empleadores.