El vicealmirante Humberto Ramírez, director general del Territorio Marítimo y Marina Mercante, no quiso referirse sobre quién habría entregado la cifra errónea dada en primera instancia (3 mil litros, luego rectificados a 22 mil litros) tras el derrame de petróleo ocurrido el pasado 24 de septiembre en la Bahía de Quintero

En este sentido explicó que no quiere entrar en polémica por lo que se trabaja con un fiscal de dedicación exclusiva para determinar responsabilidades y magnitud del daño.

El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, calificó como un “error significativo” los primeros datos entregadas respecto a la cantidad de crudo derramado, que indujo a las autoridades a entregar información errónea en relación a cuantificar el real impacto del vertimiento.

Todas estas declaraciones que hicieron en el marco de la visita efectuada por las autoridades, donde supervisó la toma de muestras de agua y productos hidrobiológicos en la bahía de Quintero. El intendente regional, Ricardo Bravo, indicó que se puede apreciar una situación bastante mejorada, respecto al día de la emergencia.

Esto se hace luego que el lunes el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, informara que la Seremi de Salud de la región firmó la resolución que prohíbe la extracción de productos del mar en toda la bahía de Quintero hasta Horcón y también el baño de uso recreacional en las playas. Lo anterior, con el propósito proteger la salud de las personas, en una medida cautelar que se sólo se levantará cuando se pueda garantizar que las playas se encuentran libres de hidrocarburos, lo que podría suceder en las próximas semanas.

En cuanto a la investigación que lleva la Fiscalía Marítima, la primera autoridad regional explicó que ésta tiene una duración de 20 días hábiles luego ocurrido el hecho y los resultados se podrían conocer la última semana de octubre. Una vez emitido este informe, dijo, se estudiará por parte del Consejo de Defensa del Estado interponer una demanda por daño ambiental.

Recordemos que esta acción se suma a la investigación en la que avanza la Fiscalía Regional, la que tiene una duración que puede extenderse entre los 2 y 6 meses. Ésta persigue responsabilidad penal para él o las personas responsables del incidente y el procedimiento que permitió verter los 22 mil litros a la bahía, cuya sanción puede llegar a las 3 mil UTM, es decir, más de 127 millones de pesos.

Por su parte, la ENAP interpuso una querella criminal en el juzgado de Garantía de Quintero contra los responsables del vertimiento de crudo. El recurso busca que los responsables asuman los costos de mitigación tras la emergencia, además de solucionar el daño provocado a la imagen corporativa de la petrolera estatal.

A través de un comunicado difundido por la empresa, citan al práctico de la embarcación, al capitán del petrolero Mimosa y a los patrones de los remolcadores de alta mar Puyehue y Horcón de la empresa Ultratug Ltda. de propiedad de la familia Von Appen. Medida que se suma al arraigo nacional solicitado por estatal en contra del navío Mimosa desde donde se vertió el crudo al mar.