Un sumario al interior de la Seremi de Salud de Valparaíso está llevando el Ministerio de la cartera, debido a presuntas irregularidades detectadas en una de las áreas administrativas de la repartición. Una de las aristas salpicaría al Partido Comunista con una empresa que presta servicios tercerizando algunas funciones, y que habría mantenido contratados como terceros a Manuel Millones (UDI) y Marcela Aranda (RN) en la administración anterior, según denunciaron gremios de funcionarios.
El caso quedó al descubierto tras la presentación de un recurso de protección que interpuso un funcionario de la actual repartición pública, el que fue removido de su cargo y trasladado a otra unidad en Viña del Mar.
Se trata de José Salomon, quien llegó a la Seremi de Salud como funcionario de confianza de la actual administración para desempeñar el cargo de jefe del Departamento de Desarrollo Institucional, es decir, para coordinar al resto de las áreas administrativas de toda la repartición pública.
Según consta en el recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones el 12 de septiembre de 2014, el jefe de Administración y Finanzas de la Seremi denunció haber sido alejado de su cargo, argumentando presuntas presiones políticas del Partido Comunista regional.
En parte del escrito, el funcionario afirma que tras regresar de sus días libres el 30 de julio, y en su primer encuentro de trabajo con la seremi de Salud y el jefe de gabinete, se le informó que el PC había perdido la confianza en él por “la irresponsabilidad y poco compromiso de haber tomado vacaciones” en la etapa post incendio, momento crucial de la gestión.
Junto a ello se le informó que existía un mal manejo con la empresa que se preocupaba de mantener los baños de los albergues y que se debió haber contratado a la empresa APG, con la cual ya había contratos vigentes al momento del incendio.
El recurso además agrega que en abril de este año, en una auditoría interna se detectó que la misma empresa APG -hasta ese momento representada por Roberto Rojas Puga, dirigente regional del PC- había contratado al consejero regional Manuel Millones de la UDI para servicios de asesoría a la Seremi de Salud, dirigida por Jaime Jamet.
Ese contrato era por $1.300.000 durante 2013 y, según información que aún no ha sido confirmada, esta situación también se habría generado entre 2010 y 2012.
Además, se habría contratado a Marcela Aranda, cercana al senador Francisco Chahuán, por montos similares y también para desempeñarse en un rol de asesora.
Esta denuncia fue refrendada por Darma Lopez, dirigenta de los funcionarios de la Salud, quien aseguró a Radio Bío Bío que estas contrataciones eran de conocimiento en los círculos más cercanos de ambas administraciones, es decir, de Jamet y la actual seremi Astudillo. Incluso, señaló que con el cambio de Gobierno también se puso en conocimiento a la Subsecretaría de Salud Pública.
Según la dirigenta, esto es una muestra de cómo la tercerización de funciones genera precarización e injusticias en los salarios, dividiendo al personal en funcionarios de primera o segunda categoría. Incluso, sostiene que la empresa APG, supuestamente vinculada con el PC, mantiene un alto porcentaje de la tercerización del área de la salud, lo que denunciaron en septiembre a través de un comunicado .
Maribel Zúñiga, vicepresidenta de la ANEF regional, sostuvo que, además de la precarización de los funcionarios, la denuncia apunta a una riesgosa duplicidad política.
La seremi de Salud, Maria Graciela Astudillo, descartó categóricamente alguna vinculación con el Partido Comunista excepto su militancia, explicando además que en su nombramiento no tuvo ninguna injerencia el entonces representante de la empresa APG.
Si bien la autoridad reconoció que hubo contratación en la anterior administración de los personeros de derecha mencionados en la denuncia, dijo que administrativamente no hay irregularidades, asegurando en todo caso que en esta administración los asesores no están asignados a esa empresa o alguna otra.
Respecto a la situación del funcionario Salomón, la seremi reconoció que se equivocó en su nombramiento.
Sin embargo, la autoridad también confirmó que el Ministerio esta llevando dos investigaciones; una auditoria y un sumario.
El consejero regional Manuel Millones reconoció haber sido parte del equipo de asesores de la anterior administración hasta diciembre de 2013. Sin embargo, criticó la acción interpuesta por José Salomón, afirmando que tiene otros sumarios en otros cuestionamientos, entre ellos haber contratado fuera de toda norma a una empresa para la mantención de los baños de los albergues post incendio, por trato directo y por un elevado monto.
Millones agregó que el funcionario en cuestión, además presenta otros cuestionamientos, como haber estado involucrado en sumario por un millonario fraude en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y donde fue inculpado en un sumario administrativo por un fraude ocurrido en el Hospital de Quillota.
Además, estuvo involucrado en otro sumario administrativo por no respetar las bases de licitación del contrato de aseo del mismo hospital de Quillota, según un informe de Contraloría (ver informe adjunto). Por esta razón, el consejero dijo que la actual administración ha actuado conforme a lo establecido, calificando además de una bajeza el accionar de Salomón.
Radio Bío Bío intentó contactarse con la aludida empresa APG, pero hasta ahora no ha sido posible obtener alguna declaración.
En tanto la otra aludida en la denuncia, Marcela Aranda, manifestó a La Radio su extrañeza de que sea vinculada a una supuesta situación irregular, considerando que fue contratada de forma transparente a través de esta empresa de servicios, lo que esta respaldado por los informes de desempeño correspondientes, y declinó ahondar en la situación.
