Dirigentes de diversas organizaciones sociales de la comuna de Paine, junto al diputado electo Leonardo Soto, presentaron este viernes sus objeciones al proyecto para instalar una planta de la empresa CCU en la zona.
Este trámite se realizó por medio de una carta dirigida a María Loreto Álvarez Gómez directora del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
Frente a este tema el dirigente social Marcos San Martín indicó que “un proyecto de este tipo no debiese ingresar al SEIA a través de una Declaración de Impacto Ambiental, sino que requiere la realización de un Estudio de Impacto Ambiental donde exista un análisis más acabado y donde se incluya la participación de la comunidad en la toma de decisiones. Por ello nosotros pedimos al SAG que defienda el campo chileno y proteja la agricultura de Paine”.
Según San Martín, este proyecto busca cambiar el uso de suelo de la comuna de Paine de la actual catalogación agrícola a zona industrial.
Dadas las características y tamaño del proyecto el diputado electo por la zona, Leonardo Soto, declaró su preocupación por las externalidades negativas que podría provocar la planta. “En virtud de todo lo anterior, solicitamos revisar de manera exhaustiva las correcciones a las observaciones realizadas al proyecto Planta CCU Paine por el Servicio Agrícola Ganadero en el Oficio ORD. Nº 1382 y en caso de no cumplir con vuestra observación, solicitamos al SAG la negación del informe de la Ley General de Urbanismo y Construcciones”, expuso.
Agregó que “para el nivel de producción que se pretende lograr deben utilizar una gran cantidad de agua, la que se extraerá de las napas subterráneas de la zona, absorbiendo este escaso recurso natural que hoy usan los pequeños y medianos agricultores y emitirán millones de litros de residuos líquidos que vaciaran al estero La Berlina y otros cursos de agua superficiales”.
Cabe destacar que la presentación de estas objeciones al proyecto fue posible luego que la Corte de Apelaciones de San Miguel acogiera el recurso de protección presentado por vecinos de Paine en contra del proyecto.
En el fallo pronunciado por las ministras María Teresa Letelier, Ana María Arratia y el abogado integrante Manuel Hazbún, se ordena notificar al representante de la CCU, Roelf Duursema y al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, representado por su director regional, Rodrigo Núñez, para que envíen al tribunal todos los antecedentes que obren en su poder y que digan relación con la acción deducida, según informaron las organizaciones que rechazan la iniciativa.
