La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, junto a funcionarios de la Universidad del Mar, sede Santiago, expresó su disconformidad con el ministerio de Educación (Mineduc), argumentando que si bien éste resolvió la situación de estudiantes de dicho recinto que fue cerrado, los cuales continuarán sus carreras en la Universidad Católica Silva Henríquez, no hubo la misma actitud respecto a unos 100 trabajadores de ese plantel.

La presidenta de la CUT sostuvo que “el ministerio de Educación tomó parte en el asunto y, por lo tanto, habiendo sido en un primer momento este, un problema entre privados, terminó, tras la intervención del Estado, transformándose en un problema público privado”, dijo en una conferencia de prensa conjunta.

Figueroa manifestó que “lo lamentable de esta situación es que si bien el ministerio de Educación abogó y generó condiciones para el traslado de los estudiantes a otras casas de estudios que permitieran la continuidad de éstos y terminar sus procesos con el apoyo además económico, de becas y recursos en el presupuesto para ello, dejó en total abandono a los trabajadores, funcionarios y académicos de la universidad”.

Añadió que “solamente a los trabajadores de la sede de Maipú se les adeuda sobre 300 millones de pesos en cotizaciones, deudas impagas, eso implica no sólo las necesarias y básicas imposiciones, salud, y AFP, sino también cajas de compensación y otros servicios que hoy tienen a los trabajadores en una compleja situación, por la irresponsabilidad, en primer lugar, de la casa de estudios, y en segundo lugar, del Estado al no hacerse responsables plenamente de lo que significaba el cierre de la Universidad del Mar”.

Dijo que esto hoy tiene a los trabajadores no sólo con deudas impagas, sino que también con intereses que se van acumulando por esta situación; “por eso como Central Unitaria hemos querido dar a conocer esta situación y hacemos un llamado a las autoridades a que no podemos suponer que los cierres o la intervención del Estado sólo tiene que ir en función de los estudiantes, aspecto que nosotros saludamos en esta materia, pero nos parece que es una irresponsabilidad no hacerse cargo del problema completo cuando ha sido el propio Estado el que ha permitido que estas universidades funcionen con esta norma de irregularidad”.

La presidenta de la CUT llamó a que el Estado ponga los recursos frescos para poder dar solución concreta tanto a las deudas previsionales como salariales que “se tienen con los trabajadores, y anunciar hoy la presentación de una carta al tesorero general de la República para que éste se pronuncie sobre esta irregularidad y se avance en lo que los trabajadores han demandado, que es declarar la quiebra de la Universidad del Mar para que con los activos que se puedan recuperar haya un rescate de la situación económica y laboral de los trabajadores que hoy están en el total abandono”.

Añadió que “esta es la acción que nosotros vamos a desarrollar de conjunto con los funcionarios, con los trabajadores, pero también haremos las gestiones con el ministerio del Trabajo, porque este no es sólo un problema educacional; cuando hay deudas impagas, cuando hay irregularidades en el pago de salarios aquí no basta que el ministerio se pronuncie, necesitamos también que el ministerio del Trabajo asuma acciones concretas y responsables. Nosotros insistimos, si el Estado no hubiese sido parte de este conflicto en la resolución de la situación académica de los estudiantes, hoy podríamos sostener que es un conflicto entre privados. Una vez que el Estado interviene, debe intervenir para resolver el problema integral”.

En tanto, la vocera de los funcionarios y del área de Salud de la Universidad del Mar de Santiago, Victoria Cáceres, expresó que hace un reconocimiento al apoyo que “nos presta la Central Unitaria de Trabajadores a través de su presidenta. Para nosotros como trabajadores vulnerados en nuestros derechos laborales es un apoyo enorme. Hemos recorrido puertas; hemos ido al ministerio de Educación para decir que hay trabajadores, funcionarios y académicos que estamos sufriendo las decisiones que el Gobierno ha tomado. Nos han enviado al ministerio del Trabajo, allí nos dicen que es un tema de Educación, y en esa situación hemos llegado a la CUT en donde nos hemos sentido muy acogidos”.

Victoria Cáceres añadió que “nosotros no estamos pidiendo nada que sea ajeno a las demandas absolutamente legales que tienen los trabajadores chilenos. Como la presidenta de la CUT ha dicho, este es un problema en el cual el Estado no puede hacerse el distraído y mirar al techo. Este es un problema que el Estado ha permitido, el funcionamiento y existencia de empresarios inescrupulosos en el ámbito de la educación”.

La funcionaria expresó que el convenio que la Universidad del Mar ha suscrito con la Universidad Católica Silva Henríquez, “a la cual nuestros alumnos han sido trasladados, ha sido suscrito también por el ministerio de Educación, a través del subsecretario de Educación, por lo tanto, es un tema que el Estado tiene que respondernos. Hay una ley de Presupuesto que ha dado unos dineros para posibilitar las becas y otros beneficios para los estudiantes, esto nos felicitamos, queremos que nuestros alumnos que han sido muy maltratados también, tengan una posibilidad de terminar sus carreras con dignidad como se la merecen, pero nosotros también necesitamos una respuesta digna a lo que es nuestro quehacer. Muchos de nosotros tenemos muchos años de trabajo en la universidad y no hemos sido responsables de ningún tipo de ilícito, sino de hacer una función como empleados y académicos con la mayor integridad, y es legítimo que nosotros luchemos como corresponde y pedimos algo justo”.