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Califican de “vergonzosa” condena de 15 años de cárcel a mujer implicada en caso ‘Paola Cerda’

Paola Cerda Barrientos | Foto familiar
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Inconformidad existe entre familiares y amigos de Paola Cerda, la mujer que en junio de 2011 fue encontrada sin vida con cerca de 40 puñaladas en el cuerpo en Puerto Varas.

Esto, luego que el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt condenara a su homicida a sólo 15 años de cárcel, pese a que el delito fue clasificado como crimen calificado.

La pena dictada fue la solicitada por el fiscal Nain Lamas, en representación del Ministerio Público, tras investigar junto a la PDI a la única imputada por este crimen, Verónica Saéz Prieto, quien conoció a la víctima la misma noche del violento ataque luego de ser presentadas por un médico del consultorio de Puerto Varas, quien las trataba.

Tras la lectura de la sentencia el fiscal, Daniel Alvarado, destacó que el castigo fue el más alto que podía aplicarse, considerando la pena que solicitó el Ministerio Público de 15 años de presidio mayor en su grado medio.

Sin embargo, y pese a la calificación jurídica del homicidio, la Fiscalía desestimó elevar la solicitud a presidio mayor en su grado máximo, lo que evitó que la imputada fuera condenada a un mayor castigo como esperaban los familiares de la víctima.

El padre de Paola, Manuel Cerda, cree que el Ministerio Público sencillamente se equivocó.

La explicación está en que al inicio del proceso investigativo el delito imputado era sólo homicidio simple, lo que cambió a homicidio calificado a partir de las evidencias que fueron presentadas durante el juicio oral.

Gerardo Gatica, amigo de la familia, catalogó como “vergonzoso” no sólo el hecho de que la Fiscalía no haya solicitado aumentar el grado de la pena, sino que también el criterio usado por los jueces que estaban conscientes del ensañamiento de la homicida.

Según fuentes de La Radio, las fiscalías locales no tendrían independencia para decidir el rango de las penas en casos de alta connotación social como éste, ya que serían los asesores de la Fiscalía Regional de Los Lagos, junto al máximo persecutor regional, Marcos Emilfork, quienes fijarían las condenas que se solicitan al Poder Judicial.

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