Cientos de ancianos nicaragüenses que no cumplen los requisitos para tener una pensión total se manifestaron este miércoles para exigir al gobierno una pensión de sobrevivencia, equivalente a unos 140 dólares, en medio de un fuerte forcejeo con la Policía que dejo personas golpeadas.

“La pensión es un derecho humano”, gritaban durante la protesta, que tuvo lugar en las cercanías del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en el noroeste de la capital.

Decenas de policías rodearon las instalaciones del INSS para impedir el paso a los ancianos, cuya protesta fue apoyada por varios jóvenes y activistas de derechos humanos que se enfrentaron a la Policía a empujones.

“Hubo algunos momentos de tensión de grupos que llegaron a forcejear”, que ya fueron replegados del lugar, admitió el portavoz de la Policía nicaragüense, Fernando Borge.

Manifestaciones similares se realizaron en las norteñas ciudades nicaragüenses de Estelí y Somoto, donde cientos de ancianos ocuparon temporalmente las oficinas del Seguro Social.

La jornada dejó varias personas golpeadas, entre ellas el periodista de El Nuevo Diario Roberto Martínez y un activista de derechos humanos, Gonzalo Carrión, así como una anciana desmayada, según imágenes de televisión.

El presidente de la Unión Nacional del Adulto Mayor (UNAM), Porfirio García, anunció que intensificarán las protestas.

La UNAM agrupa a unos 15.000 miembros y desde hace cinco años libra una lucha por un régimen especial que cubra a trabajadores en edad de jubilación que no han completado todas las cuotas necesarias para obtener una pensión.

Los ancianos piden que se les reconozca una pensión reducida, equivalente al salario mínimo -unos 140 dólares mensuales-, ya que el desempleo que afecta el país les impidió completar las 750 cotizaciones que exige la ley para acceder a ese derecho.

“Tenemos cinco años de andar aquí” protestando, dijo a la AFP Rosa Moraga, de 63 años, durante el plantón.

“Estamos demandando que nos den una pensión porque nosotros ya no podemos trabajar”, dijo por su lado Fanny Ruiz, de 78 años, quien padece osteoporosis y vive de la caridad pública porque sus cuatro hijos ya “se fueron (de la casa) y no me ayudan”.

“Qué sería del gobierno si nosotros aquí nos morimos de hambre”, reclamó por su parte Francisco Romero, quien tiene 25 hijos, el mayor de los cuales murió defendiendo la revolución sandinista en la década de 1980, según contó, mientras que cuatro de 9, 11, 13 y 16 años aún dependen económicamente de él.

“Si defendimos la revolución, él (el presidente Daniel Ortega) tiene que defender nuestra causa”, afirmó Romero.

Los ancianos también expresaron su indignación por la forma en que fueron reprimidos y desalojados el martes del INSS, durante otra protesta en la que hubo varios heridos.