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Dictan acusación contra ex cúpula de la disuelta DINA por desaparición de matrimonio en Quintero

Poder Judicial
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El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, dictó acusación en la investigación por el secuestro calificado del matrimonio de Bernardo Araya Zuleta y María Flores Barraza, ocurridos a partir del 2 de abril de 1976 en la comuna Quintero, Región de Valparaíso.

El magistrado determinó responsabilizar a 13 agentes de la Dirección Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro calificado de la pareja, proceso que se encuentra inserto en la causa denominada Conferencia 1.

Los agentes acusados como coautores son el ex director de la DINA, general en retiro, Manuel Contreras Sepúlveda, los brigadieres rewtirados. Pedro Espinoza Bravo, Carlos López Tapia y Miguel Krassnoff Martchenko.

Además se incluye a los ex agentes Ricardo Lawrence Mires, Eduardo Garea Guzmán, Pedro Bitterlich Jaramillo, Orlando Altamirano Sanhueza, Eduardo Cabezas Mardones, Jorge Díaz Radulovich, Guillermo Díaz Ramírez, Orlando Torrrejón Gatica y Clara Barros Rojas.

El juez Vásquez señala que según los antecedentes de la causa “los elementos de cargo analizados permiten establecer que se encuentra legalmente acreditado que el 2 de abril de 1976, entre las 22:30 a 23:00 horas, fueron detenidos por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, sin orden de autoridad competente, en su domicilio ubicado en calle Barros Luco 1220, comuna de Quinteros, el matrimonio compuesto por Bernardo José Araya Zuleta, ex diputado del Partido Comunista de Chile, y María Olga Flores Barraza, de 64 y 60 años de edad, respectivamente, siendo conducidos hasta el cuartel clandestino de ese organismo, ubicado en calle Venecia 1722 de la comuna de Independencia, Santiago, lugar donde fueron vistos con vida por varios detenidos, sin que se tenga conocimiento del lugar donde posteriormente fueron conducidos, como tampoco de su actual paradero” dice la resolución que cierra definitivamente la investigación iniciada en 1998 por el juez Juan Guzmán Tapia.

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