Continúan los coletazos de la tensa reunión sostenida entre el Seremi de Transportes de la región de Los Lagos, Alex Bartsh y representantes de juntas vecinales, estudiantes y empresarios del transporte, los cuales cansados de las mismas explicaciones dieron un ultimátum a la autoridad regional para que el 17 de abril entregue una solución efectiva, anunciando movilizaciones si es que no se regula la situación.
Ante ello, el gobernador provincial de Osorno, Rodrigo Kauak, se mostró en desacuerdo a dicho ultimátum, comentando que el posible alzamiento de la ciudadanía de Osorno es algo ficticio, motivado por intereses políticos, los cuales pudieron observarse en la reunión.
Pero Kauak no se detuvo allí, sosteniendo que el gobierno de Sebastián Piñera es el único que se preocupó por el transporte público durante los últimos 40 años en Osorno, agregando que el municipio local, liderado por Jaime Bertin, también tiene que ver en la problemática, institución que según el gobernador provincial se ha opuesto categóricamente a trabajar con el ministerio de Transportes.
Desde la vereda del municipio, salió en su defensa el alcalde de Osorno, Jaime Bertin, quien sostuvo que ya no quiere comentar los dichos de Kauak, pues siempre le endosa responsabilidades a la institución que dirige, evadiendo la responsabilidad que al gobierno le corresponde.
Por su parte, desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, su presidente Jaime Galindo, sostuvo que los dichos del gobernador respecto a los fines políticos de las movilizaciones son ridículos.
Desde la seremía del transporte en la región de Los Lagos, su titular ALEX BARTSH recalcó que la situación cambiará una vez que el Parlamento apruebe la ley de Subsidio al Transporte Público, con lo cual él sí tendrá las facultades para ejercer una real regulación del transporte público en Osorno.
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Según el seremi, el cuerpo legal cuenta con el apoyo de los parlamentarios de todos los colores políticos, por
lo cual debería ser aprobada a más tardar en mayo, aunque hay que precisar que su tramitación ya fue suspendida en 2012, año en el que debía ser promulgada.
