Cuando en 1994 el Congreso de Estados Unidos votó la prohibición del TEC-DC9, una pistola semiautomática de 32 balas, el fabricante del arma aumentó su producción antes de que la ley entrara en vigor y puso en venta un modelo ligeramente diferente.
Intratec, la empresa en cuestión, dio a su nueva arma el nombre de “AB-10″, por “After Ban” (“después de la prohibición”). Las dos armas eran casi idénticas, con la única excepción del cañón, que fue modificado para que la nueva pistola fuera legal.
Los vacíos de la ley, que expiró en 2004, son tan numerosos que resulta difícil encontrar algún estudio que demuestre su eficacia para reducir la criminalidad y el número de muertes causados por armas de fuego.
Especialistas y militantes en favor de un mayor control sobre la venta de armas de fuego exigen que la prohibición que podría proponer este martes el vicepresidente Joe Biden ante el Congreso llene esos vacíos.
A su juicio, la ley podría ser eficaz si los legisladores resisten las presiones del lobby armamentista.
La ley de 1994 que prohibía la venta de armas de asalto, definía a éstas como toda aquella arma que tuviera al menos dos características militares.
Los fabricantes se pusieron entonces manos a la obra para producir modelos que no incluyeran alguno de los dispositivos identificados como militares.
El Centro Jurídico contra la Violencia por Armas de Fuego, con sede en California, milita en favor de una definición genérica de las armas de asalto que no permita ese tipo de maniobra, y propone que con solo disponer de un elemento militar un arma no pueda ser comercializada al público.
La prohibición de los cargadores de alta capacidad (más de diez balas) es otra de las prioridades que se fijó esa asociación.
“Si se prohiben los cargadores de alta capacidad, el efecto será mayor que prohibir sólo las armas de asalto, ya que estos cargadores pueden ser utilizados con numerosos tipos de armas semiautomáticas, no sólo con las de asalto”, dijo Laura Cutilleta, experta del Centro.
Otro de los vacíos de la ley de 1994 tiene que ver con la retroactividad, ya que las armas adquiridas antes del 13 de septiembre de 1994 no estaban sometidas a la norma.
En los meses previos a la entrada en vigencia de la ley, los fabricantes multiplicaron su producción y almacenaron millones de ejemplares para poder venderlos en los años siguientes.
Entre 1990-1991 y 1993-1994, la producción de pistolas de asalto creció 64%, según un estudio de referencia encargado por el Congreso en 2004.
Los autores del informe concluyeron en la dudosa eficacia de la ley para reducir la delincuencia, puesto que el número de cargadores de alta capacidad en circulación en el país era “inmenso”, más de 35 millones, antes de la aplicación de la ley.
Un segundo estudio, del Centro de Control de Enfermedades, difundido en 2003, no llegó a conclusión alguna sobre el tema, al no disponer de datos suficientemente satisfactorios.
Otros infomes, entre ellos uno del Brady Center, estiman que el número de armas de asalto utilizadas en homicidios se redujo entre 1994 y 2004, el período en que operó la ley, pero sostienen también que el impacto directo sobre la criminalidad es difícil de aislar de otros múltiplies factores que contribuyeron a la baja general de la criminalidad registrada en los años 1990.
Por otro lado, la mayor parte de las leyes que regulan las armas son del dominio de cada estado. Algunos de ellos, como California, ya han adoptado normas restrictivas que comprenden la prohibición de las armas de asalto.
