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Indígenas canadienses demandan al Gobierno ante la justicia

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Las comunidades autóctonas del Oeste canadiense, una región donde existen arenas bituminosas, demandaron este martes ante la justicia al gobierno federal para que se anulen las nuevas leyes que, según ellos, ponen en peligro sus derechos de caza y de pesca.

Las leyes C-38 y C-45, adoptadas por el Parlamento canadiense el pasado diciembre, podrían tener “un impacto peligroso para el medio ambiente”, afirmó durante una rueda de prensa un anciano jefe de la comunidad de las Naciones Autóctonas de Frog Lake, en Alberta, George Stanley.

El Estado canadiense debe honrar los tratados firmados con las Naciones Autóctonas y hacer que “nuestras tierras y nuestras aguas sean seguras… para la caza, la pesca y para las próximas generaciones”, añadió Stanley.

Estas leyes modificaron la legislación en materia de pesca, de aguas navegables y del estudio del impacto sobre el medio ambiente de los proyectos de desarrollo económico.

Del mismo modo, en el pasado habían permitido a los autóctonos proteger su modo de vida tradicional forzando a las industrias a consultarles antes de comenzar proyectos en sus territorios ancestrales.

Esta demanda ante la Corte Federal se produce cuando el primer ministro canadiense, Setephen Harper, debe reunirse el viernes con los jefes autóctonos para intentar responder a una protesta que amenaza con extenderse.

Harper aceptó discutir con los indígenas días después de que la jefa del poblado de Attawapiskat, en el norte de Ontario, Theresa Spence, comenzara una huelga de hambre que dura ya cuatro semanas para llamar la atención de la opinión pública sobre las difíciles condiciones de vida en su comunidad.

En una decisión por separado, la Corte Federal instituyó este martes que los alrededor de 600.000 mestizos e indios del país que viven en el exterior de las reservas son también “Indios” en virtud de la Constitución y que son beneficiarios de los mismos derechos que quienes viven en las reservas, principalmente en materia de sanidad, educación, vivienda o excepción fiscal.

El gobierno federal podría decidir, sin embargo, apelar esta sentencia de la Corte.

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