La Cámara de Diputados de Argentina comienza a debatir el miércoles y votará el jueves la expropiación de la petrolera YPF, la mayor empresa del país que era controlada por la española Repsol y cuyo traspaso se estima recibirá un amplio apoyo de los legisladores.
La decisión de la presidenta Cristina Kirchner, que generó un enérgico rechazo en España, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), fue apoyada el jueves en la Cámara alta por una mayoría abrumadora de 63 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones.
Entre los diputados también se prevé un triunfo holgado y el jefe de la bancada del Frente para la Victoria (oficialista), Agustín Rossi, estimó que 200 de los 257 parlamentarios votarán por la afirmativa.
“Seguramente tendremos un número importante de diputados acompañando el proyecto de YPF. Serán alrededor de 200 los que voten a favor, lo que es un dato significativo”, afirmó Rossi en una entrevista radial.
El proyecto establece que el Estado argentino controlará el 51% de YPF –el cual se reparte entre el gobierno (26,03%) y las provincias (24,99%)– el grupo local Petersen mantiene un 25,46%, la propia Repsol queda con un 6,43% en tanto el resto de acciones (17,09%) permanece en el mercado bursátil.
Contempla además la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos, compuesto por cuatro ministros y representantes de todas las provincias, y prohíbe la transferencia futura de los títulos expropiados sin autorización de las dos terceras partes de los miembros del Congreso Nacional.
Uno de los puntos cruciales de la expropiación es el precio que le pagará a Repsol el gobierno argentino, ya que el proyecto dispone que sea el Tribunal de Tasaciones de la Nación el que lo determine.
Repsol ya adelantó que reclamará al menos 10.000 millones de dólares y que hará defender sus derechos ante tribunales internacionales.
El presidente del Grupo, Antonio Brufau, dijo que pedirán “una compensación a través del arbitraje internacional”, que deberá “ser al menos igual” al valor de su participación, que estimó en 10.500 millones de dólares.
En Argentina, en tanto, se insiste en la deuda de 9.000 millones de dólares que dejó la empresa española y en los 15.728 millones de dólares de dividendos que cobró entre 1999 y 2011 y que en su mayoría fueron girados al exterior, según cifras del gobierno.
“El que habla de excelente gestión, adeuda 9.000 millones de dólares. A veces se disfraza la deuda con inversión. Brufau nos dijo que no tiene plata para invertir. ¿Dónde la habían puesto que no la tienen?”, declaró Axel Kicillof, viceministro de Economía e ideólogo de la expropiación.
En una vehemente defensa del proyecto en el Congreso, Kicillof dijo: “Estamos en condiciones de decir que los números que hablaban acerca del valor de la compañía, de manera imprudente, van a ser revisados a medida que vayamos conociendo vericuetos e información secreta que la empresa manejaba”.
Kirchner fundó su drástica decisión en el incumplimiento de los compromisos de inversión asumidos en los contratos de concesión, pero la empresa aseguró que había invertido en su filial más de 20.000 millones de dólares entre 1999 y 2011, en un aviso pago publicado en la prensa la semana pasada.
Un documento emitido por las provincias petroleras argentinas calcula que Repsol redujo en “un 30%-35% su producción de crudo en los últimos años y más del 40% la de gas”, en un período en que la expansión económica promedió casi 9% anual desde 2003.
Ello obligó a duplicar las importaciones a 9.300 millones de dólares en 2011 respecto del año anterior y van en camino de triplicarse este año comparadas con 2010 al ser proyectadas en 12.000 millones de dólares, según cifras del ministerio de Economía.
España anunció represalias por la expropiación y dejó de importar casi 1.000 millones de dólares de biodiésel argentino. Además canceló entregas de gas natural licuado (GNL) que ya estaban pactadas.
YPF produce el 34% del petróleo y el 25% del gas en Argentina y representa el 54% de la refinación del mercado, según el privado Instituto Argentino del Petróleo (IAP).
