La asociación de productores avícolas y de huevos están preocupados por la solicitud que presentó el Gobierno, frente a la Comisión Antidistorsiones, para que se evalúe la medida de aplicar sobretasas arancelarias por concepto de salvaguardias a las importaciones de maíz argentino.

A su vez, parlamentarios – tanto de Gobierno como de la oposición – valoraron la medida porque, aseguraron, ayudarán mucho a paliar la compleja situación que viven los agricultores nacionales.

La compleja situación que experimentan los agricultores chilenos – especialmente de las regiones de O’Higgins, Maule y Bío-Bío – son los que presionaron al Gobierno a que solicitara a la comisión nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas, a que analice la aplicación de salvaguardias frente a la importación de maíz argentino.

Esto, luego que la Federación de Agricultores de la Provincia de Linares se tomara la Ruta 5 Sur, a la altura de Putagán al norte de Linares, como forma de manifestar su rechazo frente al proyecto del Ejecutivo de fijar el precio del maíz.

El escenario se presenta complejo para ellos, especialmente luego que han visto aumentar las importaciones trasandinas en un 120 por ciento, en el caso del maíz partido, y un 30 por ciento el maíz grano, respecto del mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, desde la vereda opuesta la situación no es tan satisfactoria. Se trata de los productores de huevos y de aves los que se habían visto beneficiados frente a los precios más convenientes por parte de los importadores trasandinos de maíz.

El gerente general de Asohuevo, Patricio Kurte, aseguró que es complejo solicitar algo así cuando no se puede determinar que exista un daño considerable en la industria del maíz nacional.

La Senadora por el Maule Sur, la DC Ximena Rincón, valoró la postura del Gobierno, pero afirmó que aún existen muchas otras situaciones que está sufriendo la agricultura nacional, de las cuales el Ejecutivo debe hacer frente con medidas concretas.

A su vez, el diputado Ignacio Urrutia, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, afirmó que el Gobierno ha actuado de manera eficiente frente al tema.

La Comisión de Distorsiones está conformada por equipos técnicos de los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía, Hacienda, Agricultura, Banco Central, la Fiscalía y Aduanas, y su función es asesorar al Presidente de la República. Sin embargo, aún no tienen un pronunciamiento oficial sobre el tema.