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EEUU: Gobierno acusa a Arizona de entorpecer aplicación de ley migratoria

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El estado de Arizona (suroeste) entorpece la aplicación de las leyes migratorias estadounidenses y no permite al Estado federal decidir sus prioridades, considera el gobierno en un alegato presentado ante la Corte Suprema y divulgado este lunes.

La Corte Suprema anunció en diciembre pasado que examinaría la constitucionalidad de la ley SB 1070 que promulgó ese estado fronterizo, y que criminalizaba, por primera vez en Estados Unidos, la inmigración ilegal como un delito estatal.

La Corte se dispone a escuchar a las partes el 25 de abril, y el Departamento de Justicia hizo públicos sus argumentos escritos, en un informe de 70 páginas.

La ley SB 1070 de Arizona “pretende frustrar las decisiones discrecionales mediante las cuales el gobierno federal aplica las políticas de inmigración” para todo el país, según el alegato gubernamental.

La ley, promulgada en abril de 2010, despertó una fuerte polémica política en Estados Unidos y fue inmediatamente apelada por el gobierno.

Una corte de casación federal dio finalmente razón al gobierno en varios artículos de la ley, y Arizona a su vez elevó el caso ante la Corte Suprema, que podría emitir sentencia antes del verano (boreal).

“La decisión de admitir, arrestar o expulsar a un extranjero en particular depende no solamente de las restricciones presupuestarias, sino en muchas otras consideraciones que obligan a las autoridades a tomar una decisión apropiada en función de los intereses de la nación en su conjunto”, explicó el texto.

El gobierno de Arizona, cuya ley fue imitada por otros estados del sur y centro de Estados Unidos, alega por su parte que el texto tan sólo aplica a nivel del estado lo que debería estar haciendo el gobierno federal.

“La capacidad del Poder Ejecutivo de ejercer su discreción y fijar prioridades es particularmente importante a causa de la necesidad de distribuir recursos escasos”, sostiene el texto.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) sólo tiene presupuesto para deportar a unos 400.000 extranjeros al año, y las estimaciones oficiales son que cerca de 11 millones de personas residen ilegalmente en el país, añadió el texto.

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