La Contraloría Regional de Magallanes ordenó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) instruir un sumario para determinar faltas administrativas graves que se habrían cometido en el procedimiento que culminó con el sacrificio de un puma, en el pasaje Fernando Chaigneau de esta ciudad, en agosto pasado.

Esto, en respuesta a un requerimiento presentado al órgano fiscalizador por la Unión de Defensa del Derecho Animal (UDDA), indicó PrensAnimalista.

La resolución Nº 3804, entregada ayer lunes por el órgano contralor, advierte además que la autorización de caza del espécimen fue emitida con posterioridad al hecho, lo que entra en pugna con lo establecido por la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, que establece que los actos administrativos no son retroactivos.

La acumulación de nieve en las montañas, que limita las posibilidades de los animales de conseguir alimento, habría provocado que el puma bajara hasta el sector residencial donde fue sacrificado la noche del 24 de agosto.

De acuerdo al relato del SAG, sus funcionarios respondieron al llamado de los vecinos y pidieron a Carabineros su
intervención para controlar a los curiosos, debido a que no pudieron administrarle los sedantes y al nerviosismo provocado por la presencia del animal en el vecindario, procedieron a eliminar al ejemplar.

Desde el primer momento la UDDA criticó el procedimiento del SAG, pues consideró que no se habían tomado los resguardos suficientes, ni se cumplió a cabalidad con lo dispuesto para estos casos por la Ley de Caza y su reglamento.

“Solicitamos que la Contraloría se pronunciara sobre si el protocolo utilizado por el servicio se ajustó al descrito para estas emergencias. De acuerdo a lo manifestado por la Contraloría queda claro que no fue así. No sólo porque se delegaron funciones en subalternos, sino porque, por ejemplo, cuando llegaron al lugar no llevaban la caja de transporte en la que una vez sedado, debieron haber trasladado al puma”, dijo a PrensAnimalista Valeria Muñoz, presidenta de la organización proteccionista.

Dependiendo del resultado del sumario administrativo, los implicados podrían recibir sanciones que van desde la amonestación hasta la destitución del cargo. “Queremos que esta investigación evidencie las irregularidades que se presentaron durante el procedimiento y que se persigan responsabilidades.

“Por lo mismo, recurriremos nuevamente a la Contraloría para solicitar que el sumario lo instruya un fiscal de esta institución y no el que determine el SAG”, precisó Muñoz.