La OCDE reconoció el miércoles los “avances” de México en la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros, pero lo instó a hacer más esfuerzos, tras examinar la aplicación por parte de las autoridades mexicanas de la Convención contra la Corrupción.

Tras la segunda fase de la evaluación, hecha en 2004, la OCDE completó recientemente la tercera, en la que hizo balance de la gestión mexicana y formuló recomendaciones.

“México ha avanzado, pero debe acordar una mayor prioridad a la represión penal de los actos de corrupción, y velar por que las autoridades encargadas de la aplicación del Código Penal estén dotadas de todos los recursos y competencias que necesitan”, reza el informe, publicado este miércoles.

El examen fue efectuado por un grupo de trabajo compuesto por 34 países de la OCDE y Sudáfrica, Argentina, Brasil, Bulgaria y Rusia, tras la visita a México D.C. de un equipo compuesto por expertos del secretariado de la organización, España y Eslovenia entre el 17 y el 19 de mayo.

“El Grupo de Trabajo elogia los esfuerzos de México por sensibilizar al sector privado sobre los riesgos de corrupción de agentes extranjeros”, dice el informe.

“El gobierno mexicano muestra una dirección digna de elogio en la lucha contra el lavado de capitales ligado a la corrupción”, añade la organización.

El Grupo de Trabajo elogió también a México por la tramitación de las dos primeras investigaciones de corrupción de empleados extranjeros, aunque criticó su lentitud.

En el comunicado, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) criticó también los “avances limitados” en el cumplimiento de las recomendaciones hechas en la segunda fase de la evaluación, en 2004.

“En particular, México no ha cumplido las recomendaciones de corregir deficiencias significativas en la legislación que contempla la responsabilidad de personas jurídicas por corrupción de agentes extranjeros, ni se ha esforzado en hacer cumplir la ley”, detalla.

Entre las nuevas recomendaciones, la OCDE pide entre otras cosas “seguir aumentando el número y la rapidez de sus respuestas a las demandas de ayuda judicial relativas a casos de corrupción transnacional”, “ampliar el alcance de su legislación relativa a la confiscación de sobornos”, y clarificar en su legislación que “los auditores exteriores deben señalar a las autoridades represivas las infracciones que detectan en la ejecución de sus misiones”.

Dentro de dos años, México tendrá que presentar un informe escrito que servirá para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones recién hechas en esta tercera evaluación.