Unas 3.000 personas que se asentaron ilegalmente en fincas de cuatro municipios el departamento de Antioquia (noroeste) durante la semana pasada para exigir la restitución de tierras a desplazados por la violencia fueron desalojadas este domingo por la Policía de Colombia.
Aunque en la mañana varios de los desalojos transcurrieron de forma pacífica en los municipios de Chigorodó y Apartadó, en la tarde se presentaron enfrentamientos entre campesinos y agentes de la Policía.
Según el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, todavía permanecen asentadas y dispersas otras 3.000 personas en los municipios de Carepa y Turbo. Las autoridades reportaron la detención de 30 personas, de las cuales 16 eran menores de edad, quienes ya fueron entregados a sus respectivos padres.
“Estas situaciones que se han dado las habrían auspiciado gente que está haciendo política y que está invitando a campesinos a la invasión. La posición del gobierno es que bajo ninguna circunstancia por la presión de la fuerza se van ofrecer soluciones”, dijo el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
El ministro ordenó el sábado a las autoridades el desalojo de más de 6.000 personas luego de que el viernes fracasó el operativo de manera pacífica, al presentarse enfrentamientos con las autoridades y bloqueos temporales de vías en la región.
El presidente de la Asociación Nacional por la Salvación del Sector Agropecuario, Aurelio Suárez, consideró que la ocupación ilegal de fincas se da por las expectativas del programa de restitución de tierras que ha prometido el gobierno.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos anunció en 2010 la implementación de un programa para devolver al menos 2 millones de hectáreas en sus cuatro años de gestión, pero organizaciones de campesinos y desplazados critican que este se viene desarrollando de manera muy lenta.
Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Colombia cerca de 3 millones de personas han sido desplazadas por la violencia desde los años 50.
