En un fallo unánime, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de protección a favor de la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús (CRSCJ) para asegurar su ingreso a las dependencias del establecimiento que esta comunidad posee en Reñaca, conocido también como Colegio de las Monjas Inglesas.

Esta resolución judicial se dictó en medio de una ardua disputa legal enfrenta actualmente a la Congregación con el rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga Salinas, presidente de la sociedad anónima que se encargó de administrar el recinto educacional.

En 2005, la Sociedad Educativa del Sagrado Corazón S.A., propiedad de Zúñiga y su cónyuge en cerca del 90%, tomó el control del Colegio Sagrado Corazón de Reñaca, luego de celebrar una serie de contratos que incluyeron el uso de la marca y el arriendo de la mayoría del inmueble, ubicado desde 1970 en la calle General Bulnes de Viña del Mar.

En ese último contrato se consignó que tanto el pabellón C, como parte del B, no estaban incluidos en este acuerdo, ya que en ellos las religiosas mantienen dormitorios, comedores y espacios destinados a actividades pastorales propias de la Congregación.

Tras 5 años bajo su control, la Sociedad Educativa no pudo de revertir los malos resultados financieros del colegio. En ese orden de cosas, la representante de la institución, Sofía Baranda, comunicó a Zúñiga y al gerente general de la sociedad, Cristián Carrasco Mendía, su intención de no renovar el contrato de arrendamiento, que expiraba el 31 de diciembre de 2010.

Derecho de propiedad

La decisión adoptada por las religiosas no fue bien recibida por los representantes de la sociedad, lo que agudizó la tensa relación existente entre ambas partes. Pero, no fue sino hasta el 24 de diciembre pasado cuando las acciones de hostigamiento en contra de las monjas se hizo patente, al no permitírseles el ingreso a las dependencias que nunca fueron parte del contrato de arriendo.

El acceso a los mencionados pabellones coincide con la entrada del colegio, que está custodiada por guardias privados que impiden el ingreso a cualquier religiosa.

Frente a esto, el máximo tribunal determinó que los representantes de la Sociedad Educacional que mantiene el control de inmueble están obligados a permitirles el paso a las monjas, ya que al negarlo están vulnerando el derecho a propiedad que ellas tienen en el recinto.

La acción judicial fue patrocinada por los abogados Rodrigo Zegers y Enrique Vergara, socios del Estudio Rivadeneira, Colombara, Zegers.