El intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, aseguró que invocarán la Ley de Seguridad del Estado en las querellas por la muerte del funcionario municipal, Eduardo Lara.
Lara murió tras uno de los incendios registrados durante las protestas realizadas luego de la Cuenta Pública de Michelle Bachelet.
El siniestro se inició después de que un grupo de encapuchados lanzaran bombas molotov, provocando una explosión en una farmacia. Luego, el fuego se extendió por el edificio patrimonial, afectando a oficinas de la Secretaría Municipal, además de una oficina de concejales.
Aldoney calificó la situación como “inédita” y “repudiable”, por lo que indicó que se efectuarán las acciones legales necesarias para dar con los responsables de este “acto premeditado”.
“Dada la gravedad de los hechos, nosotros hemos tomado la decisión de solicitar la aplicación de la ley de seguridad del Estado. Lo hacemos porque esto no solamente agrava las causas sino porque permitirá que las investigaciones se hagan con la celeridad máxima y porque los procesos judiciales se enmarquen dentro de la máxima sanción que el sistema jurídico nos permite a nosotros como autoridades reaccionar frente a este hecho”, indicó.
La autoridad además precisó que Eduardo Lara falleció por asfixia y que el proceso de rescate fue dificultado por delincuentes que atacaron a bomberos para poder iniciar prontamente la acción parta extinguir el incendio que en ese momento estaba situado en el primer piso.
Asimismo, agregó que el actuar de los sujetos “también impidió que la ambulancia llegara más pronto al lugar, lo que probablemente hubiese facilitado o mejorado las posibilidades de que Eduardo no falleciera”.
En la instancia, la autoridad precisó que 19 personas fueron detenidas en las manifestaciones, pero ninguno vinculado a los incendios, mientras Carabineros y la PDI realiza las pericias correspondientes. “Yo espero que eso, a la brevedad posible, concluya con los antecedentes necesarios para no solamente identificar a los responsables, sino que también para sancionarlos como corresponde”, sentenció.
No obstante, más tarde desde la Gobernación se precisó el balance en 37 personas detenidas.
Respecto a las críticas por la autorización de las marchas, Aldoney se defendió asegurando que “nosotros como autoridad tenemos la obligación constitucional de garantizar la libre manifestación de las personas”.
“A mí me gustaría que las organizaciones que han solicitado las autorizaciones se hagan responsables de los hechos que bajo los cuales ellos han solicitado estas autorizaciones de estas manifestaciones, debido a que aquí estamos ante un problema que tiene un carácter de gravedad que no puede ser aceptado”, concluyó.
