Bajo arresto domiciliario total quedó el recaudador de las dos campañas presidenciales de Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, cuestionado por $246 millones recibidos de SQM-Salar a través de la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas. En tanto el consejero regional del Bío Bío y ex vicepresidente de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz, quedó bajo arraigo nacional y firma mensual, luego que el tribunal descartara el arresto domiciliario nocturno en su contra
El inicio de la audiencia de formalización se programó a las 09:00 horas de este lunes en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en lo que fue la jornada de presentación de cargos contra siete contribuyentes imputados de delitos tributarios, y la lectura de cargos fue dirigida por el fiscal nacional, Sabas Chahuán, junto a los persecutores Emiliano Arias y Pablo Norambuena.
En la audiencia se fijaron las cautelares sin privación de libertad para la contadora de la campaña de Eduardo Frei Ruiz Tagle, Clara Bensán, (que consiguió $92 millones de la minera), el ex diputado del Partido Radical, Alejandro Sule (que presentó boletas de terceros por $20 millones para recaudar los dineros de su fallida campaña) y el ex asesor de la alcaldesa Carolina Tohá, David Flores, (por tres pagos por $7 millones).
Estos tres imputados quedaron bajo arraigo nacional y firma mensual, decretada por el tribunal.
Por su parte el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, y el ex abogado de la minera, Roberto Guzmán Lyon, mantuvieron la cautelar de arresto domiciliario nocturno bajo las que ya se encontraban, ya que en su caso esto correspondía a una reformalización.
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Para el final quedó el séptimo imputado, Claudio Eguiluz, que emitió boletas a SQM por $465 millones. Al respecto, el abogado Marcelo Torres aseguró que la Fiscalía cuenta con un “caso frágil” y cuestionó que la formalización de su cliente fuera gatillada solo por la declaración de los funcionarios de Junji, quienes aseguraron que éste ordenó la emisión de los documentos a la minera.
El Ministerio Público pidió para Eguiluz la cautelar de arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional. Sin embargo el juez Luis Avilés desestimó la primera cautelar, considerándola desproporcionada en razón de los cargos imputados.
Por el momento se encuentra pendiente un recurso de amparo que Claudio Eguiluz presentó ante la Corte Suprema, luego que la Corte de Apelaciones diera luz verde a su formalización que en primera instancia se había rechazado por no existir querella del Servicio de Impuestos Internos en su contra.
En la presentación realizada por el fiscal Sabas Chahuán, sostuvo que los dineros percibidos por Asesorías y Negocios SpA (empresa de Giorgio Martelli) desde SQM ascienden a $245.999.332 que forman parte de “ingresos injustificados” a cargo de Contesse, los que se intentaron respaldar por medio de contratos de prestación de servicios.
“Los recursos obtenidos por parte de AyN fueron destinados por el imputado Martelli a su gerencia de personas ligadas a la administración y funcionamiento de AyN, pero que no formaban parte formalmente de dicha sociedad al fin de que ciertas personas pudieran tener financiamiento para dedicarse a actividades políticas”, afirmó.
Del mismo modo, se detalló la presunta intervención de Martelli en la emisión de boletas por parte de la empresa Asesores en Gestión Integral Limitada -Agesin-, cuya socia mayoritaria y formalizada en esta jornada, Clara Bensan, reconoció no haber prestado servicios a Soquimich y que las facturas las emitió a solicitud del geógrafo.
En lo que respecta al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, fue acusado de realizar diversos procedimientos para burlar el pago de impuestos por medio del registro de boletas de honorarios y facturas ideológicamente falsas en la contabilidad de la empresa, junto con la elaboración de declaraciones de impuestos fraudulentas entre 2008 y 2010.
En cuanto al consejero regional Claudio Eguiluz, Chahuán detalló que éste facilitó en los años tributarios 2011, 2012 y 2013 boletas de honorarios ideológicamente falsas por $125 millones a la minera no metálica, las que fueron visadas por Contesse en su alto cargo. A ello se suman otros $340 millones entre 2012 y 2013 a través de 17 boletas que el mismo Eguiluz habría requerido a otros contribuyentes.
