La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Emma Díaz Yévenes, procesó al desaforado diputado Rosauro Martínez Labbé, por su responsabilidad en tres delitos de homicidio calificado, ilícitos perpetrados el 20 de septiembre de 1981, en la localidad de Neltume, provincia de Valdivia.

La jueza lo encausó en calidad de autor de los ilícitos que afectaron a los integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Patricio Alejandro Calfuquir Henríquez, Próspero del Carmen Guzmán Soto y José Eugenio Monsalve Sandoval.

Se trataba de la denominada Operación de Contraguerrilla Machete organizada por la CNI, que terminó con la vida de 11 subversivos que en esa época estaban exiliados y resolvieron, en una reunión registrada en París en 1979, volver a Chile a combatir a la dictadura.

Tras ingresar al país por pasos no habilitados en el sur, debieron enfrentar el hambre y las inclemencias del tiempo, y al paso de meses, fueron inevitables sus detenciones. Sin embargo, las patrullas militares, en las que habría participado el ahora diputado Martínez como capitán de ejército, abatieron a los miristas en falsos enfrentamientos.

Según se indicó, los tres militantes del MIR llegaron hasta una vivienda del sector de Remeco Alto para pedir ayuda. Las tres víctimas presentaban problemas de salud luego que llegaran a Chile por una ruta no habilitada desde Argentina para abrir un frente guerrillero en la zona sur del país.

Luego de hacerlos pasar, la dueña de casa ordenó a su hijo a que avisara a Carabineros, quienes hicieron llegar la información al Ejército.

El fallo establece que hasta el lugar llegó un capitán de la institución acompañado de tres militares de grado inferior, quien luego de instarle a los guerrilleros que salieran de la casa, dispararon contra el inmueble hasta dejarlo prácticamente inutilizable, muriendo los ex miristas.

A continuación llegó un gran contingente militar que continuó con la operación y trasladó de los guerrilleros fallecidos, que resultaron con estallido de órganos y caja craneana tras el uso de armas automáticas de gran calibre.

En la Corte de Apelaciones de Valdivia, el parlamentario desaforado en junio pasado por la Corte Suprema, fue notificado por la jueza y en principio iba a ser trasladado a la cárcel pública de esa ciudad. Sin embargo, tras gestiones de sus abogados, quedó en un recinto militar, en el regimiento Santiago Bueras.

Martínez se encuentra suspendido de cargo de parlamentario que asumió desde 1994 en el distrito de Chillan y que debía ejercer hasta el 2018. Sin embargo, si es condenado, perderá de inmediato su condición de diputado y estará impedido de ejercer cargos públicos. La mañana de este viernes fue dejado en libertad bajo fianza, tras pagas una cifra de 15 millones de pesos.